“Según los noticieros, el profesor tenía antecedentes. ¿Cómo puede entrar un maestro sin antes revisar sus documentos para saber si estaba apto para la educación de nuestros hijos?”, cuestionó Rosario Ollague, madre de familia de un estudiante del curso 3° ‘A’.

Ella junto a 20 padres cuyos hijos estudian en el colegio réplica Aguirre Abad se reunieron la mañana de ayer con Érika Laínez, subsecretaria de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), quien les indicó que Patricia Cuenca, directora del plantel, fue separada de su cargo por impedir el ingreso de la Fiscalía. Por esta acción se fugó 1 de los 2 docentes acusados.

La separación de Cuenca fue la primera medida de la intervención integral que efectuó ayer el Ministerio de Educación en el establecimiento, luego de que la fiscal provincial de Guayas, Patricia Morejón, informó el miércoles que se estima habría un centenar de víctimas abusadas en ese plantel, no solo de este año lectivo sino de anteriores.

La investigación inició con la denuncia de la madre de uno de los presuntos afectados. Su hijo le relató cómo los profesores lo encerraban con otros niños en el baño y los agredían sexualmente.

El primer contacto con las víctimas lo tuvo Carolina Ruiz, funcionaria del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía. Ella indicó que los menores comentaron que fueron sometidos al mismo tiempo por los 2 maestros después del receso. En el baño, el profesor ahora detenido los grababa y fotografiaba.

También indicaron que eran objeto de burla y amenaza cuando los obligaban a cometer los actos impúdicos. “Manifestaron que les hicieron tomar una sustancia que aún desconocemos, pero que los hacía sentir mareados; además de orine. Presuntamente hubo violación”.

Este testimonio llevó el miércoles a la Fiscalía del Guayas a iniciar  una pericia informática sobre el celular del maestro detenido. No obstante, ayer la fiscal indicó que las fotografías no serían captadas dentro del plantel, sino que además habría información externa y realizarán una indagación por el presunto delito de pornografía infantil.

Morejón explicó que receptaron 10 denuncias al respecto, de las cuales 3 se presume del cometimiento de este delito; sin embargo, las investigaciones determinarán el número de niños afectados.

Agregó que no se descarta investigar a funcionarios de la unidad educativa por omisión en el hecho investigado. Por el momento, los menores tendrán asistencia psicológica.

La conducta de la directora

María José Velázquez, presidenta del comité de padres de familia de 8° ‘B’, pidió ayer que se investigue a la exdirectora del plantel, Mónica Moreira, por las posibles denuncias de abuso de estudiantes de años anteriores.

Ella considera que “hay mucha tergiversación de la información en este caso, porque la directora Patricia Cuenca no impidió el ingreso de la Fiscalía; sino que en ese momento los niños del inicial estaban en recreo y solicitó que esperaran para ingresar a los pequeños al aula. Son bebés y ellos al ver a la Policía se asustan”.

Sin embargo, el fiscal César Peña inició una indagación en contra de Patricia Cuenca por supuesta omisión. “La Fiscalía investigará por cuenta separada la actuación de la directora del establecimiento. Ella tendrá que responder por sus acciones del día del allanamiento”.

El miércoles último, Peña denunció que esperó por media hora afuera, porque Cuenca había ordenado que no abrieran la puerta a nadie. Según sus declaraciones a este medio, los padres revelaron que la funcionaria conocía de los casos e hizo lo posible para evitar que denunciaran.

“Ella debe saber que las autoridades educativas tienen la obligación de denunciar la comisión de un presunto delito, según el art. 422 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”.

Ruffo Rodríguez, funcionario de la Dinapen, indicó que el día del allanamiento al otro sospechoso “le habían hecho firmar el documento de finiquito de contrato” y cuando llegaron a hacer la incursión no los dejaban entrar, por lo que treparon las paredes.

¿Qué implica la intervención?

Laínez explicó que se efectuará una auditoría del proceso educativo, la investigación a las autoridades y al   personal que ahí labora, la estricta aplicación del régimen disciplinario y el apoyo psicológico a las víctimas y a las familias afectadas.

Además anunció el cambio completo de la plantilla de docentes de la institución y el examen psicomotriz dentro de la admisión de los nuevos profesores que sean admitidos por el Ministerio de Educación. Mientras las medidas se implementen no se suspenderán las clases.

Respecto a los maestros removidos, Laínez enfatizó que si pasan los exámenes psicológicos serán reasignados a otras plazas locales.

María Arce, madre de familia, considera que la medida tomada por las autoridades de Educación de cambiar a los maestros perjudica a los estudiantes de primero de bachillerato, ya que iniciaron el segundo semestre. (I) 

 “La unidad educativa no cumplió protocolos” 

En una entrevista realizada la mañana de ayer en EcuadorTV, el viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, se refirió al caso de supuesto abuso sexual a estudiantes de la Unidad Educativa Aguirre Abad (réplica), en Guayaquil, y agregó que la rectora del plantel será separada como parte de la intervención que determinó el Ministerio de Educación.

“El ministro de Educación (Fander Falconí) está al tanto y ha dispuesto que tomemos  las medidas necesarias para que haya cero violencia sexual en el sistema educativo”.

Sáenz reconoció que la situación es “extremadamente grave” y citó varias razones, entre ellas, el hecho de estar, al parecer, involucrado más de un docente y que hay varios afectados.

Indicó que la institución a la que representa ha establecido protocolos para actuar en este tipo de casos y que la unidad educativa no los cumplió.  “Tratándose de delitos inmediatamente tienen que ir al sistema judicial”.

El Viceministro fustigó el hecho de que no se haya permitido el ingreso al Fiscal en el centro educativo y, explicó, que la intervención implica la colaboración total con la justicia. “Tenemos indicios de que sí se sabía que había ese tipo de situaciones en esta unidad educativa y por lo tanto no cumplió con los protocolos”.

Comentó que el Ministro dispuso que se haga contención y se trabaje con las chicas y chicos afectados y con sus familias, “para evitar que vuelvan a darse (estos casos) y, sobre todo, que se sancione a través del sistema judicial por esta agresión sexual”.

Sáenz hizo un llamado a los estudiantes para que no tengan miedo a denunciar este tipo de agresiones. (I) 

Datos

En noviembre de 2014, un alumno de 7 años fue violado por su profesor de natación en un colegio de Quito. En 2016 los jueces lo condenaron a 22 años de cárcel.

El 30 de junio de 2017, las autoridades de la Academia Aeronáutica ‘Mayor Pedro Traversari’, en el sur de Quito, colocó una placa en el aula donde 41 niños fueron abusados por su profesor José Luis.

En agosto de 2017 fue capturado en Tumbaco, Quito, el expárroco de la iglesia Jesús Obrero, del suroeste de Guayaquil, por el abuso sexual de 2 niñas cuando asistían a clases de catequesis.

El 10 de octubre de 2017 fue detenido un maestro del colegio réplica Aguirre Abad por denuncias de abuso sexual a niños de 6 y 8 años. Las madres de familia alertaron sobre el hecho que es investigado por la Fiscalía y las autoridades de Educación. (I)