El apoyo mayoritario de los ecuatorianos para transformar -a través de la consulta popular- el sistema judicial del país  conllevará a la aprobación de otros cuerpos legales.

Así lo afirmó el  ministro del Interior, José Serrano, quien antes presidía el Ministerio de Justicia, al revelar que para poner en práctica la pregunta 2 del referendo se elabora el anteproyecto del nuevo Código Penal, Procesal Penal y de Ejecución de Penas.

En esa interrogante se consultaba a los ciudadanos: ¿Está usted de acuerdo con que las medidas sustitutivas a la privación de libertad se apliquen bajo las condiciones y requisitos establecidos en la Ley, de acuerdo al anexo 2? Ese adjunto narra en el artículo 77: “La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de la jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley...”.

El anteproyecto contendrá, según el Ministro, las reglas claras para establecer la procedencia y la aplicación de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, a fin de que los jueces concedan estos derechos solo en los casos en que la libertad del acusado no implique un alto riesgo para la seguridad ciudadana.

Según estimaciones  de la Secretaría de Estado, 6.000 personas recuperaron su libertad a través de este amparo en  dos años.  

Para el fiscal Julio Vacacela, de la Unidad de Delitos contra el Crimen Organizado, ciertos operadores de justicia han abusado de las ventajas otorgadas por la Constitución y la interpretan a su libre arbitrio. “Tenemos el caso de los guías penitenciarios investigados por las irregularidades en la Penitenciaría... Yo pedí la prisión preventiva para los acusados y el juez lo negó”, acotó.

El coronel Jorge Flores, subjefe de la Policía Judicial del Guayas, expresó que los implicados en algunos casos no  cumplen  las medidas sustitutivas (prisión domiciliaria, pago de fianza o presentación en el juzgado) impuestas por el juez. “Cuando ocurre esta situación son declarados como prófugos y se les revoca la medida cautelar... hay veces  que ordenan que la presentación sea en la Policía Judicial, pero en otras ocasiones les piden que acudan a sus despachos, eso no podemos controlar”, puntualizó.