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Corporación Provincial de Manabí no da paso a remoción del Prefecto

Alcaldes y representantes de las juntas parroquiales, que integran la Corporación Provincial de Manabí, sesionaron este miércoles 12 de diciembre en Portoviejo.
Alcaldes y representantes de las juntas parroquiales, que integran la Corporación Provincial de Manabí, sesionaron este miércoles 12 de diciembre en Portoviejo.
Foto: Cortesía Prefectura Manabí
13 de diciembre de 2018 - 00:00 - Redacción Justicia

La Corporación Provincial de Manabí resolvió este miércoles 12 de diciembre acoger el informe de la Comisión de Mesa y no dar paso al pedido de la Contraloría de remover al prefecto Mariano Zambrano, por lo que continuará en funciones.

El argumento es que ha sido impugnada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de Justicia, quien la calificó el 5 de diciembre y está pendiente una resolución. Además, se basa en el análisis de las pruebas y argumentos de descargos de Zambrano ante la Contraloría.

La sesión extraordinaria de este miércoles 12 de diciembre de la Corporación Provincial de Manabí tuvo como fin conocer, analizar y resolver sobre el informe de la Comisión de Mesa respecto a la resolución suscrita por el contralor general, Pablo Celi, sobre el proceso de remoción del Prefecto.

Tras conocer la decisión, Zambrano dijo que los consejeros provinciales actuaron según la ley. “Se ha sentado un precedente, porque ninguna autoridad puede anticiparse a algo que no es de su competencia”, destacó.

La decisión de la Corporación Provincial se produce luego de que en octubre el contralor solicitó al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, ejecutar dicha destitución.

El pedido de Celi se basó en el artículo 49 de la Ley de Servicio Público, que se refiere a la inhabilidad por sanciones disciplinarias, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar por la presunta “indebida administración, manejo, custodia y depósito de recursos y bienes públicos o delitos relacionados”.

El 27 de julio, la Contraloría aprobó un informe que estableció glosas de más de $ 2 millones. Abarcó el período del 1 de enero de 2012 al 31 de agosto de 2017.

Se determinaron indicios penales en los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos entre la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec-EP) y Unidades de Negocios con las compañías Marzam y Marítima de Comercio (Mardcomsa), del Prefecto, lo que originó que se adjudiquen y suscriban “contra expresas disposiciones legales”. (I)

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