Como delitos contra la salud pública cometidos por imprudencia, negligencia o impericia, como lesiones  u homicidio inintencional, constan en la Fiscalía General las denuncias presentadas por  personas que han perdido a sus seres queridos tras una presunta mala práctica médica en el país, o que han quedado con irreversibles daños físicos o psicológicos y endeudados tras vivir situaciones calamitosas.

Es así que solo en Guayas se presenta un promedio de entre 4 y 5 denuncias por presunta mala práctica médica cada semana, convirtiéndose en la provincia en donde más se han reportado casos, ya sea porque los médicos han realizado fatales cirugías o por supuestos incumplimientos de protocolos, según informó Alberto Ramírez, director del Departamento de Medicina Legal  de la Fiscalía en esa provincia.

El asunto radica, indicó el galeno, que no todos los casos se hacen públicos porque están en etapa de indagación  previa y por ende se mantienen en reserva. Sobrevivientes y familiares de fallecidos por malas prácticas médicas han buscado inútilmente que se sancione a los responsables, pero no lo han conseguido debido a la falta de legislación específica al respecto.

La muestra más palpable de que no hay legislación que tipifique la mala práctica médica se evidencia con lo acontecido el pasado 21 de mayo en la clínica Gastromed, de Quito, donde complicaciones en una cirugía laparoscópica cobraron la vida de Sonia García, de 49 años. Por ello, Tito Yépez, abogado de la familia de la víctima, denunció ante la Fiscalía por “homicidio inintencional” al doctor Max Torres, dueño de la clínica, y a los cirujanos que intervinieron en la operación.

En otros casos, los pacientes han sobrevivido, como es el caso de Miguel Silva Torres, de 32 años, casado y padre de familia, quien acudió a la Clínica Hermano Miguel, ubicada en las avenidas Michelena y Mariscal Sucre, al sur de Quito.

Él decidió operarse porque padecía de problemas al respirar debido a un desvío septopiramidal de tabique, con antecendente de trauma contuso nasal de hace 10 años, por lo que presentaba episodios de rinitis, sinusitis, por problemas de desvío septal hacia la derecha, como consta en la evaluación médica.

La doctora María Augusta Flores, que trabaja en la Clínica Hermano Miguel, le dijo que la cirugía costaría $ 1.300, que sería ambulatoria y de pronta recuperación. La operación se realizó a las 06:00 del 24 de enero de 2011 y tras salir del quirófano fue remitido a una habitación. Las horas pasaron, Silva sangraba y no podía mover la pierna derecha. 

El 25 de enero le dieron de alta, pese a que cada vez su rostro se inflamaba más e iba perdiendo facultades físicas. Su familia, casi cargándolo, lo llevó a casa.

Al verlo mal, el 25 de enero lo ingresaron en la Clínica Pichincha. Por medio de exámenes determinaron que a causa de la cirugía se le había formado un aneurisma que impedía a una de las arterias irrigar sangre al cerebro, lo cual explicaba por qué perdió el movimiento de la pierna, el olfato, el estado anímico.

Además, tenía afectada la base del techo del cráneo. Los médicos dijeron que harían lo posible por salvarlo, antes de que se produzca una embolia cerebral. En una primera operación, el 3 de febrero, corrigieron el aneurisma. El 27 de abril le reconstruyeron la base del techo del cráneo y le colocaron titanio y malla. El gasto es de alrededor de $ 35.000. Un año después, Silva aún no ha recuperado el movimiento de la pierna, perdió el olfato y en su cabeza conserva una gran cicatriz.

Otro caso se dio en la Clínica Central, ubicada en las calles Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo, centro de Guayaquil, el 1 de julio de 2009. Lo que se suponía debía ser el escenario en el que con ilusión Mireya Ríos Sánchez, de 22 años en ese entonces, alumbrara a su primera hija, resultó la antesala de un lento e indefinido sufrimiento que la tiene postrada en su lecho.

El entusiasmo de tener entre sus brazos a su pequeña quedó desvanecido en cuestión de minutos, luego de que un error en el suministro de anestesia, previo a la cesárea, la dejara en estado vegetal. Arnulfo Ríos, padre de la joven, relata que a pesar de que en el mismo informe médico de la clínica se señala que el estado crítico de Mireya se dio “por error de anestesia” y que los especialistas tratantes están plenamente identificados, no ha logrado obtener justicia, peor aún algún tipo de indemnización.

Desde esa fecha el caso, sorprendentemente -dice don Arnulfo-, continúa en indagación previa en la Fiscalía, y justamente el próximo martes se realizará una audiencia de vinculación en el Juzgado 12º de Garantías Penales del Guayas. Algo que le causa más indignación es que la clínica aún atiende al público sin ningún tipo de reparo, mientras que su hija se resiste a morir con el 80% de discapacidad.

Patricia Cárdenas, directora de la Fundación Funcarly, que brinda asistencia legal y apoyo psicológico a las personas de escasos recursos que han sufrido la pérdida de familiares por esta causa, manifestó que la Asamblea Nacional  no ha tipificado como tal la mala práctica médica, por lo que al no existir un verdadero encuadramiento jurídico para estos casos, los fiscales deben adecuar sus acciones ya sea en delitos de lesiones, cuya pena es de apenas 6 meses, y en el mejor de los casos  como homicidio inintencional, que contempla una multa de $ 8 a $ 77 y prisión de seis meses a cinco años.

Alexandra Triviño denunció otro supuesto caso de impunidad  contra Luis Fernando Saltos, Jorge Guillén Osorio y Luis Anangonó Morales, quienes fueron absueltos en diciembre de 2011 por el 7º Tribunal Penal del Guayas. Los 3 galenos  intervinieron a Lucía Burgos Montiel, de 68 años, el 24 de marzo de 2006, en la clínica Sugal, situada en las calles Cuenca y Pedro Moncayo, de Guayaquil, por una extirpación de quistes en los ovarios, pero  que al final le perforaron los intestinos, llevándola al borde de la muerte por una hemorragia interna.

A mediados de 2011 el Ministerio de Justicia presentó ante el Consejo de Administración de la Legislatura el Anteproyecto del Código Orgánico Integral Penal, en donde unos de sus articulados plantea una sanción de hasta cinco años de reclusión si se produce la muerte de un paciente por mala práctica o negligencia médica y suspensión indefinida del ejercicio profesional.

Sin embargo que se tipifique y se sancione como tal a la mala práctica médica, no es bien visto por la Federación Médica Ecuatoriana (FME), ya que sus voceros argumentan que ningún galeno actúa con dolo o intención de acabar con la vida de un paciente. Para Orly Oyague, de la FME, el anteproyecto presentado por el Ejecutivo sería “represivo” y llevaría a cometerse inobservancias jurídicas.

La FME y otras organizaciones médicas, que agrupan en el país a alrededor de 36 mil galenos y 23 colegios médicos, aseguran que trabajan desde el año pasado la redacción de un documento al que lo llaman “Ley de Responsabilidad de los Prestadores de los Servicios de Salud” o “Propuesta de ley de Responsabilidad Profesional”, que especificaría que los temas dolosos sean penales y que los culposos sean ventilados en el área civil.

El Colegio Médico del Guayas reconoce que no existe la terminología "mala práctica médica", pues lo que existe es el error profesional en la acción u omisión, que está tipificado en los códigos Civil y Penal, como: la negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia a las leyes, reglamentos, juramentos, códigos, etc.