En días pasados el país conocía a través de los medios de comunicación social cómo en Posorja, parroquia de Guayaquil, tres personas detenidas por presuntamente cometer un delito de estafa eran linchadas por una turba en las afueras de una unidad policial a pretexto del “rumor” de que se trataba de secuestradores de niños.

Además, la misma muchedumbre prendió en llamas dos vehículos y cinco motocicletas, así como al destacamento policial que quedó destruido y saqueado.

Los acontecimientos relatados son propios de la barbarie y distan tangencialmente de una sociedad que se ufana de reconocer a Ecuador como un “Estado constitucional de derechos y justicia”, así lo indica el primer artículo de la Constitución de Ecuador, sostiene el abogado Joan Paul Egred, especialista en Derecho Procesal Penal.

La Carta Política reconoce en el numeral 1 del artículo 66 el derecho a la inviolabilidad de la vida, prohibiendo la pena de muerte de manera expresa, explica el jurista.

#CasoPosorja | Ocho personas quedaron con prisión por asesinato. Sin embargo, se investigan otros delitos como instigación, incendio, robo, entre otros.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) 20 de octubre de 2018

“Los ajusticiados no podían jamás ser objeto de semejante atropello, independientemente de las infracciones que pudieron cometer o de los rumores sobre los cuales fueron objeto, ya que la presunción de inocencia es una garantía que reviste a todo ecuatoriano, y no puede ni debe ser anulada por un hecho fáctico”.

La justicia con mano propia es, sin duda, un acto al margen de la ley; y, lejos de devolver la paz social, se convierte en una verdadera injusticia que desdice de las más elementales normas de convivencia, considera Egred.

Percepción colectiva
Zoraya Bohórquez, directora científica de Ecuador para la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, va más allá de las leyes y analiza el perfil ciudadano.

Los habitantes, dice, justifican los actos en la impotencia por la impunidad; pero también hay personas que instigan al resto e instan a tomarse la justicia por mano propia con el ánimo de mostrar su poder, de sembrar terror.

El linchamiento habla mucho de la cultura de la gente, de los índices de agresividad contenida. Las personas no tomaron decisiones correctas y no tuvieron conciencia del bien y el mal, explicó Bohórquez.

Sin embargo, enfatizó, esto no los hace menos responsables de los delitos cometidos, que no podrían ser considerados inimputables, pues evidentemente comprendían los hechos, que no tenían afectación en su capacidad volitiva (control de sus actos). Mataron a tres personas que creyeron que eran asesinas y ellos se convirtieron en lo mismo.

“Aparentemente algunos ni siquiera dudan de que hicieron algo incorrecto, eso evidencia la mentalidad de las personas que llegaron a cometer este acto. Nunca se puede calificar a la violencia como un acto de justicia”. A juicio de Bohórquez, eso es muy peligroso.

La psicóloga añadió que hay que trabajar en reeducar a la sociedad para que se planteen otras formas de protegerse, de protestar, de exigir que el Estado brinde seguridad y justicia.

Adicionalmente, manifestó que es importante  darle énfasis al impacto de las redes sociales; a la convocatoria que se hizo para que las personas cometan estos actos, añadió la psicóloga.

“La gente está acostumbrada al linchamiento por redes, basado en rumores, contra farándula, políticos y personas comunes. Se puede decir cualquier cosa, se hace viral y no hay castigo para quien hace publicaciones sin comprobar. Esto tiene sus efectos”.

Salud mental
Segundo Romero, un psicólogo clínico forense, sostiene que el linchamiento se generó por un problema general de salud mental de la población de Posorja.

La ciudadanía no puede hacer justicia con mano propia, dijo. Aunque la gente observe la actuación de los operadores de justicia que permiten la libertad de delincuentes y la acción de individuos que atentan contra la vida de sus seres queridos, eso no significa que se deba responder de la misma manera.  “Hay una sensación de impotencia, rabia, que se incrementa con lo que se lee en las redes sociales y se escucha en los medios de comunicación de cómo la violencia aumenta en la vida real”.

Lo ocurrido en Posorja podría repetirse. Por eso, “Justicia, Policía, Judicatura, Fiscalía y Ministerio de Salud tienen que trabajar en conjunto para prevenir estos hechos lamentables”, puntualizó Romero.

Desconfianza del pueblo
Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), coincide con Romero y cree que el detonante de los hechos de Posorja fue la desconfianza del pueblo en la Policía y los operadores de justicia, junto con la inseguridad.

Para Navarrete, a estos problemas se unieron el abandono de la población de Posorja, que maneja una tasa de desempleo del 70%, la explotación laboral y la discriminación racial.

“Pese a tener recursos, en esta población, donde se invertirán $ 1.200 millones en la construcción del Puerto de Aguas Profundas, las condiciones de vida son precarias, sin agua potable ni alcantarillado sanitario”.

La participación de la ciudadanía en las redes sociales creó una conciencia colectiva en defensa de los niños y las mujeres como grupos vulnerables y ante la presencia de los agresores. “Esa situación se desbordó por la inacción del Estado y puede repetirse porque existen en el país poblaciones más abandonadas y precarias que Posorja”, explicó el defensor de la CDH.

Espectacularización del rumor
Para el sociólogo Napoléon Saltos, los hechos responden al fenómeno de la “espectacularización y el tremendismo de la democracia o de la política”, que se distribuye desde diferentes áreas, una de ellas son las redes sociales. “Cualquier caso es puesto como de ‘vida o muerte’, que desencadenan en un contagio colectivo”.

La socióloga Nathalia Sierra cree que  ante la serie de delitos se genera esta reacción, pero no se debe permitir ni justificar, porque si no tendríamos niveles de violencia desatados que hacen daño a la sociedad. “El Estado debería plantear con la sociedad acuerdos serios y reales de seguridad”. (I)