La muchedumbre de Posorja que ejecutó a tres ciudadanos por un rumor también hirió a infantes de Marina, a agentes de la Policía y destruyó la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) levantada en el centro de la parroquia guayaquileña.

Aquella tarde del 16 de octubre, 12 uniformados quedaron lesionados. Dos de ellos continúan hospitalizados, pero se encuentran estables, según informó María Paula Romo, ministra del Interior, a través de su cuenta de Twitter.

“Visitamos a dos policías heridos en los hechos de violencia en Posorja: uno tiene quemaduras en rostro y brazo”.

Mientras tanto, en Posorja, los agentes que refuerzan la seguridad se han acomodado en las instalaciones destruidas por la turba. Las paredes aún están manchadas de hollín debido a las explosiones de bombas molotov, hay ventanas sin cristales, el techo tiene aberturas y la central del acondicionador de aire está inservible.

Tanya Varela, comandante de la Zona 8 de Policía, que comprende los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, comentó tras el hecho, que los “justicieros”, además de quemar motos de la institución, también se robaron bienes de la UPC.

Hasta la tarde de ayer, el número de detenidos no aumentó pese a que se había identificado a 20 supuestos implicados. Ocho ciudadanos son los que permanecen con prisión preventiva por asesinato. El delito tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal es sancionado con privación de libertad de 22 a 26 años. Con agravantes la pena puede ascender a 34 años de prisión. Sin embargo, hay otros delitos por los cuales serán investigados.

La mitad de personas apresadas por supuestamente participar en la ejecución tienen antecedentes penales. Israel S. tiene procesos por hurto, robo y alimentos; Alejandro A. registra otra causa por tráfico de estupefacientes; José A., por homicidio y Luis M., por robo y alimentos.

Rolando P., Douglas Q., Darío A. y José B. cumplen su primera detención. (I)