Robinzon Adrián A.Y., líder de la organización narcodelictiva desbaratada por la Policía en la operación ‘Impacto 43’, fue detenido por primera vez el 13 de junio de 2002 por tenencia de estupefacientes.

En el registro judicial consta el número del proceso 09253-2002-0132, pero no los detalles de la causa.

Los archivos reflejan una segunda aprehensión del narco junto a su hermano Carlo Alberto A.Y., el 13 de junio de 2013 por lavado de activos. Según el parte policial, los dos hermanos fueron detenidos por la Policía a bordo de un auto BMW, en la vía a Samborondón. En la cajuela del carro de lujo los agentes encontraron un bolso con $ 85.835.

El reporte policial señala que los detenidos dijeron que el dinero era producto de sus actividades como representantes de la constructora Kardirza S.A., pero los documentos que mostraron no justificaron la procedencia de la suma y el fiscal Modesto Freire ordenó la incautación.

Luego, en audiencia, el juez de turno calificó la flagrancia y Freire inició la instrucción fiscal. En la diligencia los sospechosos recibieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva porque demostraron solvencia económica y arraigo social.

Posteriormente, en la audiencia preparatoria de juicio y presentación de dictamen del 23 de julio del mismo año, el fiscal que actuó, Franklin Muzzio, no acusó a los detenidos porque no encontró pruebas y el caso pasó a consulta del ministro fiscal provincial, Paúl Ponce Quiroz.

El 19 de agosto el dictamen abstentivo a favor de los investigados llega a conocimiento del fiscal Ponce Quiroz, quien acoge la decisión de su inferior.

El 28 de agosto, Ponce remite el dictamen abstentivo a la Unidad Judicial de Samborondón, donde el juez de la causa convoca a audiencia el 11 de septiembre y dicta el auto de sobreseimiento definitivo a favor de los procesados, y revoca todas las medidas cautelares personales en contra de los dos hombres.

Además, el juez ordena al Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) la devolución del dinero incautado.
Cabe destacar que en el proceso investigativo, los sospechosos justificaron sus actividades inmobiliarias en Guayas y El Oro.

Según el procesado Robinzon Adrián, de profesión ingeniero civil, incursionó en el negocio de la construcción en 2009 y con su hermano constituyeron la empresa Kardirza para la construcción de viviendas y proyectos inmobiliarios “que son vendidos en obras”.

Además, entregó a las autoridades todos sus movimientos bancarios y una promesa de compraventa realizada con la compañía Inmobiliaria Cafre S.A.

También incorporó la contratación realizada con Lidertecnicorp S.A., para construir el proyecto urbanístico Brisas del Río, situado en El Guabo, provincia de El Oro, de cuyos representantes recibió abonos en efectivo.

FBI investigaba a Robinzon
Sin embargo, para entonces, Robinzon Adrián ya era investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI)  de Estados Unidos por presunto lavado de activos, según reportes de prensa de ese país.

En 2015, el individuo fue relacionado como líder de una red narco que intentó ingresar en Miami una avioneta con una carga de droga, valorada en $ 6’500.000, para lo cual usó las instalaciones de un aeropuerto privado. La aeronave había salido de Venezuela.

Las investigaciones del FBI, según los periódicos de Miami, vinculaban a Robinzon Adrián con bandas narcos de Venezuela y México.

El coronel Edwin Noguera, jefe Antinarcóticos de la zona 8, recordó que a la organización criminal se le atribuyen los envíos de dos avionetas con cocaína que fueron frustrados. “La primera aeronave fue detectada en Guatemala con un cargamento de droga, almacenada en sacos de yute, el 8 de octubre de 2017”.

Posteriormente, el 2 de diciembre del año pasado, en San Vicente, Manabí, la Policía retuvo una avioneta Cessna, procedente de México, la cual transportaba 580 kilos de cocaína y se detuvo a nueve hombres, entre ellos ecuatorianos, colombianos y mexicanos.

En este último caso, la fiscal provincial de Guayas, Patricia Morejón, ratificó la participación irregular de la funcionaria de San Vicente, Angélica B., quien cambió el tipo penal inicial de tráfico de drogas a gran escala por el delito de producción de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

La organización delictiva  tenía planificado enviar 500 kilos de cocaína en una aeronave, esta vez utilizando una pista situada en la vía a la Costa, según un boletín del Ministerio del Interior. (I)