En el año 2002, Lorena de Juez acudió a la fiscalía a denunciar el robo de su cartera, la pérdida de su cédula, celular y 21 dólares. Ella lo hizo con el afán de dejar constancia de que esos documentos habían sido sustraídos y podrían ser usados en el cometimiento de algún delito. La modalidad de prevención era lógica. Sin embargo, la denuncia interpuesta quedó solo ahí y formó parte de las estadísticas de causas acumuladas en la Fiscalía del Guayas.

Este tipo de denuncias hay por decenas en  la Fiscalía General del Estado, que ahora está decidida a depurar los casos que podrán ser desestimados o archivados. Solo en Guayas existen, en la actualidad, 46.684 causas represadas, y a nivel nacional hay en total 177.135 expedientes en este estado.

Tres semanas de depuración

Desde  hace tres semanas, en la Fiscalía del Guayas se creó la Unidad de Depuración de Denuncias, formada por 20 funcionarios contratados especialmente para este fin. La oficina es dirigida por un fiscal designado. Ellos han encontrado en los documentos, indagaciones tales como: suplantación de indentidad, vehículos robados recuperados o que nunca aparecieron, pérdidas de cédulas, carteras “arranchadas”, cobro de arrendamientos, manutención, entre otros. Estas son las causas que más encontró el personal y que el Ministerio Público espera depurar en un 80% hasta marzo de 2012.

Las 177.135 causas a analizar están desde el año 2001. Una cifra alta que año a año ha ido creciendo, afirma el ministro  Fiscal Distrital del Guayas, Antonio Gagliardo, quien revela que en 4 meses (hasta marzo) se ejecutará una primera etapa. El funcionario reitera que la Fiscalía, durante todos estos años, ha despachado más del 90% de los casos que ingresaron por diferentes motivos, ya fuera por vía desestimación, inicio de instrucción fiscal, procedimientos abreviados, procesos simplificados, etc.

“Pero había quedado un remanente desde que empezó el sistema acusatorio oral (en 2001)”, explica, “que en un aproximado del 8% anual  no se resolvía y que, sumados durante  todos estos años, dio una cantidad significativa a la que hay que darle  solución”.

El camino a seguir podrá ser: iniciar instrucción fiscal; cuando haya méritos desestimarlos o utilizar los procedimientos alternativos al proceso penal, como es el principio de oportunidad, procedimientos abreviados, etc.

Gagliardo indica que hay casos de prejudicialidad donde el juez debe resolver un tema puntual. Por ejemplo, debe pronunciarse acerca de si es falso o no un documento público  y de ahí el  fiscal puede iniciar algún tipo de indagación. Casos que se hallan en esas circunstancias  están acumulados también en las causas represadas.

El Consejo de la Judicatura también colocó a un juez dentro del edificio de la Fiscalía para que reciba todo lo resuelto por la Unidad de Depuración de Denuncias.

En los próximos días se estima que se contrate  personal para que ayude al juez a analizar las recomendaciones que haga el fiscal. Esto debido al alto número de causas.

La desestimación de las causas no la decide el fiscal, sino el juez, reveló un miembro de la recién creada unidad, que declinó identificarse al no ser vocero oficial. “El fiscal analiza y entrega las observaciones respectivas al juez, y es él  quien determina si hay que desestimar o no. El fiscal designado no tiene el poder de hacerlo... , solo  sugiere y el juez decide”.

Todos los casos en los que el juez crea que no es pertinente una desestimación, deberá primero enviarlo al Ministro Fiscal, y si éste se ratifica en lo recomendado por el fiscal menor,  el juez no tiene otra alternativa que desestimar.

La figura jurídica que se aplica es el archivo definitvo de las investigaciones, que  no significa  que el tema esté cerrado completamente.

Es decir, en lo posterior, si aparecieran nuevos elementos que pudieran establecer la materialidad de la infracción o la identificación de los autores, el caso puede ser reabierto, claro está, si antes no ha prescrito.