Por falta de sustentación de la defensa, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó la tarde de ayer la prisión preventiva contra 11 de los 32 procesados en el caso ‘Las Dolores’.

La defensa de los 11 implicados en esta causa presentó un recurso de apelación a la prisión preventiva en la CNJ.

La audiencia de apelación, que se instaló a las 8:45 y concluyó cerca de las 17:00, estuvo presidida por la jueza Lucy Blacio. También participaron los abogados que representaron a los 11 procesados: Eduardo G., Segundo G., Marco V., Darwin C., Douglas Y., Leonel G., Luis S., Bolívar C., Héctor F., Wilson M. y Ricardo Y. Uno de ellos, R.G., jefe del operativo, está fuera del país.

La defensa de los uniformados se sustentó en que ellos ya fueron juzgados y sobreseídos.

Ramiro Román, abogado de 4 procesados en este caso, manifestó que hubo una falta de valoración por el juez Jorge Blum cuando dictó la prisión preventiva a sus defendidos. “Toda resolución debe ser motivada”, dijo.

Indicó que hay uniformados de alto rango en este caso, que se encuentran con medidas sustitutivas, por lo que a criterio de él se estaría violando el principio de igualdad.

Para Juan Pablo Albán, abogado de la parte acusadora del caso ‘Las Dolores’, no existen argumentos serios que permitan desvanecer los indicios en contra de los 11 implicados, la conmoción social y la naturaleza de violación a los derechos humanos en este hecho.

Albán lamentó que durante la intervención de la defensa se sostuvo que el asesinato de un empleado de la farmacia es un ‘daño menor’, y que la ejecución extrajudicial es un delito de función de la policía. Y agregó que cuando se trata de delitos donde resultan personas muertas, no cabe la sustitución.

Luego de la intervención de la defensa, la fiscal Armas refutó los argumentos de la defensa al señalar que existen fundamentos suficientes para mantener la prisión de los 11 imputados.

Familiares de los policías sindicados permanecieron en el exterior de la CNJ con carteles que expresaban la inocencia de los uniformados. En esta causa están sindicadas 32 personas por la muerte de 8 ciudadanos y 3 desaparecidos en un operativo efectuado durante un asalto en una farmacia de La Alborada, en el norte de Guayaquil, el 19 de noviembre de 2003.