La tensión y la incertidumbre son palpables  entre los habitantes de  los caseríos Brisas del Mar y Taiche, situados junto a la playa cerca de la comunidad  Coaque, en Manabí. Esa ha sido la tónica general en las poblaciones tras la colisión de la avioneta  de origen mexicano -que transportaba más de un millón de dólares- contra una colina a unos 800 metros de la carretera.

Eso sumado a que en días posteriores se halló un laboratorio de droga a más de 35 kilómetros del lugar que  se estrelló la avioneta.

Ha transcurrido más de un mes desde que ocurrió el accidente  y la versión dada por el ministro del Interior, José Serrano,   referente a que la aeronave era utilizada, supuestamente, para actividades vinculadas al narcotráfico y que esa zona del país sería   paso de la droga para la comercialización, ha causado temor en los habitantes al punto de creer que los   narcotraficantes    regresarían por las evidencias.

Eso debido a que se han propagado rumores en la zona  de  que varios   lugareños han tomado parte del dinero que transportaba la avioneta, antes de que llegaran las autoridades a tomar procedimiento.

Sin embargo,  Ángel (nombre protegido), cuya humilde vivienda, de caña guadua y zinc, es la más cercana al lugar del accidente y, por ende,   estuvo primero en la escena del desastre, asegura lo contrario.

Él es uno de los más de cincuenta trabajadores de la hacienda de Alfredo Dueñas Velásquez, cuyos administradores han permitido que habiten en el terreno -que abarca más de mil hectáreas- por sus condiciones de extrema pobreza.

Supuestas intimidaciones y amenazas de sujetos no identificados para que entregue  el dinero que llevaba la aeronave siniestrada sería la causa de la intranquilidad que no solo vive Ángel, sino todos los habitantes de esas poblaciones, como es el caso de Francisco (nombre protegido), quien sentado frente a la playa aseguraba varillas de plomo sobre una roca para sujetarlas en una vetusta red que utiliza para capturar peces o mariscos y comercializarlos en su pequeño bongo rojo.

El hombre comenta  que  ellos no han tenido la culpa de que ocurriera el accidente   en las proximidades de sus viviendas y que gente extraña merodee por el lugar,  preguntando insistentemente  el paradero del supuesto dinero que falta.

“Si yo hubiera  cogido dinero, ya hace rato me hubiera comprado un motor y una canoa nueva que no tengo, o me  hubiera ido de aquí y no pasar necesidades. Todos seguimos aquí porque tenemos la conciencia tranquila”, indica  Francisco, mientras que desde la puerta de su casa observa, cautelosa, su esposa junto con uno de sus hijos.  

En la Fiscalía de Pedernales no hay una denuncia formal sobre las posibles amenazas, no así en los destacamentos policiales, en los que el comandante de la jurisdicción, Ulises Parreño, indica que sí han escuchado ese tipo de rumores, por lo que ha dispuesto  que agentes de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Coaque patrullen  continuamente las poblaciones.

No obstante,  el oficial no descarta que  quienes preguntan por el dinero sean los propios moradores de Coaque y sus alrededores, puesto que quieren  aprovecharse de la situación.  “Son de aquí mismo. Lo que quieren es que la comunidad se asuste para ver si encuentran algo y así llevar su parte”, menciona.

Agrega  que para cubrir los  cantones de Jama y Pedernales hay 66 uniformados.

Los patrullajes están conjugados, informa, con los controles por tierra y aire que realizan, desde el pasado 14 de mayo, los elementos de las Fuerzas Armadas en las pistas de aterrizajes de la agreste  zona -legales e ilegales- y que podrían ser utilizadas por los delincuentes.

El jefe del Cuerpo de Bomberos de  Pedernales, Milton Canchingre, recuerda que el sonado accidente ocurrió a las 20:20  y que les notificaron el suceso    a las 20:59, e inmediatamente  se dirigieron al lugar junto con los miembros policiales.

Tras cerca de una hora de viaje, puesto que   ingresaron  a pie varios metros en el monte, el voluntario comenta que al llegar ya había personas  en el lugar.

“Llegamos y tomamos procedimiento, nosotros   verificamos que no haya riesgo de incendio y la Policía en desalojar el lugar y custodiarlo”, relata  Canchingre, quien añade que     probablemente    en esas circunstancias   los curiosos pudieron haber tomado algo, cuando las evidencias estaban a la vista.

Al referirse al tema, Juan (nombre protegido), otro morador, asegura que aunque no estuvo esa noche en el lugar,  sabe que la Policía tomó todo el dinero.  “Mire que los policías ya se iban y los que estaban ahí cuentan que les dijeron que retiren un ala de la avioneta que estaba enterrada de punta y la retiraron, debajo habían  paquetes que cuando revisaron  era dinero”, relata.

Asimismo, la Policía descartó supuestos  atentados contra las viviendas de los lugareños en represalia por negarse a informar sobre el paradero del dinero, como se había mal informado. No obstante,  para evitar eventualidades, señala que destinó un  importante contingente policial en el sitio para brindar seguridad a todas las familias.

La situación se   constató en un recorrido que  este diario realizó por la zona, donde al llegar los moradores evitaban ser contactados, al   tiempo que fijaban las miradas en las placas del vehículo y  credenciales.