En cumplimiento del Plan Estratégico, establecido para la administración de justicia del país, se resolvieron más de 718.000 causas.

“Al final de este año 2018 tendremos una tasa de congestión de 1,6%”, afirmó Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ).

Para el funcionario, el trabajo fue producto de la incorporación de más jueces, fiscales y defensores públicos.

El país cuenta con 2.083 jueces (12 por cada 100 mil habitantes), 841 fiscales y 733 defensores públicos que ingresaron a la Función Judicial mediante concursos públicos de méritos, oposición e impugnación ciudadana.

 Jalkh explicó que el modelo de gestión y los cambios normativos en materia penal afianzaron la lucha contra la impunidad y fortalecieron la seguridad ciudadana.

Citó, como ejemplo, los resultados alcanzados a través de las unidades de Flagrancia en las que actualmente ocho jueces emiten 43 sentencias al mes y cada causa se resuelve en 17 días promedio. En 2012, con la misma cantidad de jueces se emitían apenas 15 sentencias al mes y cada proceso demoraba 191 días para ser resuelto.

De igual forma, mencionó,  la adecuada coordinación de agendas y la incorporación de equipos de videoconferencia permitieron que el número de audiencias fallidas en materia penal se redujera, el año pasado a 3,4%. Esto  ahorró al país $ 41’000.000.

Las estadísticas de 2017 también revelan que la aplicación de los procedimientos directo y abreviado permitió que el juzgamiento de delitos flagrantes sea más ágil. Además, se generó un ahorro de $ 308 millones para el Estado.

Con la implementación de videoconferencias para garantizar la comparecencia de procesados, víctimas, testigos y peritos se ahorraron $ 6’800.000. Mientras tanto, la grabación de audiencias y la elaboración de actas resumen evitaron un gasto de $ 31’500.000.

 La lucha contra la violencia a la mujer y miembros del núcleo familiar también fue fortalecida con 345 jueces a escala nacional los que tienen competencia para conocer y sancionar este delito. Además, 3.455 operadores de justicia brindan atención integral a las víctimas. (I)