La Fiscalía General del Estado, que cuenta con la información necesaria, se e prepara para formular cargos en el caso mascarillas, que se efectuará una vez pase la emergencia sanitaria.

La base de la formulación de cargos será el informe con indicios de responsabilidad penal que el lunes, 6 de abril le remitió la Contraloría a la fiscal Diana Salazar.

El informe corresponde al examen especial efectuado al proceso de adquisición y compra de dispositivos e insumos médicos para solventar la emergencia sanitaria covid-19 en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

En el informe se establece que el exdirector General del IESS, Miguel Ángel Loja Llanos, declaró en emergencia a las dependencias de salud de la institución, aunque esta competencia es exclusiva del Consejo Directivo; y suscribió una orden de compra por $ 9.4 millones, excediendo sus atribuciones para aprobar gastos, puesto que la norma le autoriza contrataciones de hasta $ 7 millones a ese jerárquico. Tampoco informó al Consejo Directivo de la entidad sobre compras.

Además, el informe evidencia que, a pesar de que en el Sistema Nacional de Contratación Pública se encuentran registrados más de 10 mil proveedores con capacidad para cumplir con el objeto de la contratación, esta se adjudicó a la empresa ALMANTOP S. A., inscrita en la Superintendencia de Compañías para el servicio de venta de alimentos y bebidas. Esta empresa fue constituida en el año 2000 con $ 800, manteniéndose inactiva hasta el 19 de septiembre de 2019. (I)