La fiscal subrogante, Thania Moreno, se reunió ayer con el fiscal de la Unidad Anticorrupción de Colombia, Juan Delgado, para intercambiar información sobre el consorcio Odebrecht-Acciona (brasileño-español) que consiguió millonarios contratos en ambos países.

Moreno solicitó la colaboración de Colombia basada en las investigaciones en torno a la denuncia presentada por la asambleísta María José Carrión sobre la adjudicación del Metro de Quito al consorcio.

Según la denuncia, funcionarios del Municipio capitalino habrían viajado a Brasil y Colombia antes de que se firmase el contrato para la construcción del sistema de movilidad subterráneo “sin que hayan tenido ninguna razón para hacerlo y, con ese antecedente, abrimos las investigaciones por el delito de delincuencia organizada”.

El fiscal colombiano comentó que colaborará con las investigaciones tomando en cuenta que también están indagando pormenores del contrato que el consorcio efectuó  para el dragado del río Magdalena en Colombia.

Delgado aseguró:  “Estamos a puertas de dar pasos grandes en lo que se refiere a esta investigación penal. Colombia ha contactado a representantes de la empresa Odebrecht”.

Explicó que las normas de su país  permiten acercamientos con los  posibles responsables, “lo que se denomina principio de oportunidad, y dependiendo de la colaboración podría haber una cancelación de la acción  penal, esto en todos los casos, no solo con Odebrecht”.

Moreno dijo que la normativa ecuatoriana, en cambio, prohíbe hacer acuerdos para no procesar a personas. “Como Fiscalía debemos   investigar y encontrar mérito para  procesar a los implicados; lo que permite el Código Orgánico Integral Penal (COIP), bajo la figura de colaboración eficaz, es la reducción de la pena,  siempre y cuando la información ayude a dar con el cabecilla de la organización criminal, pero jamás no procesar a una persona”.

Moreno dijo desconocer si el fiscal general Carlos Baca, quien retornó ayer desde Brasil, llegó a un acuerdo de colaboración eficaz con funcionarios de Odebrecht, pero enfatizó que por ley “no podemos firmar convenios aparte”.

Consejo de Participación dispuesto a comparecer ante la Asamblea

Raquel González, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), rechazó  la insinuación de actores políticos que hablan de desaparecer el organismo.

Detalló que no fue creado por disposición de un funcionario sino que la figura consta en la Constitución de la República.

Ayer, en Guayaquil, defendió el proceso de designación bajo el que se nombró al contralor General de la Nación, Carlos Pólit, y enfatizó que fue el mismo mecanismo aplicado para designar al fiscal General, Carlos Baca Mancheno.

La funcionaria informó que está dispuesta a acudir a la Asamblea en caso de que sea convocada para explicar que el proceso está enmarcado en el reglamento que se aprobó el 26 de junio de 2016.

Además rechazó que se pretenda -según su percepción- endosar la responsabilidad sobre las acusaciones que pesan en contra de Pólit. “Pareciera que hay conflictos de intereses para atrasar al país y llevarlo al sistema pernicioso de una elección a dedo. Yo quisiera haber escuchado -las mismas quejas- cuando antes se nombraba a dedo a las autoridades solo porque el expresidente lo quería”.           

Y tras los incidentes en la Contraloría por la subrogación de funciones de Pólit mientras retorna de su licencia de 60 días, el CPCCS aclaró que no tiene facultad para nombrar a un contralor subrogante.

Por otro lado, el vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Luis Fernando Torres, aclaró que el Presidente y Vicepresidente de la República pueden ser llamados a declarar solo por el pleno de la Asamblea y no por una comisión, como pretende la mesa de Participación Ciudadana para convocar al vicepresidente Jorge Glas. Mientras que la legisladora Verónica Arias, miembro de la delegación multipartidista que recabará información sobre el caso Odebrecht, enfatizó que el contralor Pólit tendrá las garantías establecidas en la Constitución durante la sustanciación de la solicitud de juicio político, luego de haber sido implicado en el supuesto delito de concusión. (I)