La extradición de Washington Édison Prado Álava, alias ‘Gerald’, solicitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, el último 8 de enero, se encuentra en análisis en la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

El capo fue detenido en Ipiales, Colombia, el 12 de abril de 2017 como parte de la operación antinarcóticos Sol Naciente y de inmediato, también fue requerido por el Gobierno de Estados Unidos para que responda por su supuesta participación en el tráfico de más de 250 toneladas de cocaína, entre 2016 y 2017.

Esta ‘disputa’ por la entrega de Prado entre los dos Estados, según el abogado Sosa, tiene que resolverse respetando lo que señala el Código de Derecho Internacional Privado Sánchez de Bustamante y la Convención Interamericana sobre extradiciones.

El artículo 347 del código Sánchez de Bustamante señala que “si varios Estados contratantes solicitan la extradición de un delincuente por un mismo delito, este debe ser entregado al Estado donde haya cometido el delito”.

Además, en el artículo 348 detalla que “en caso de solicitarse (la extradición) por hechos diversos, tendrá preferencia el Estado contratante en cuyo territorio se haya cometido el delito más grave, según la legislación del Estado requerido”.

Según Sosa, este es el caso de ‘Gerald’, quien es requerido en Ecuador por un delito más grave como es el asesinato de un niño, por el cual tenía una orden de captura emitida mucho antes de que lo hiciera el gobierno yanqui.

Asimismo, el representante legal de ‘Gerald’, agrega que la convención sobre extradición en su artículo 15 también respalda su posición porque ‘si las solicitudes de extradición son por delitos diferentes, se dará preferencia al Estado que reclame a la persona por el delito que sea sancionado con la pena más grave, según la ley del Estado requerido”.

Ante esta coyuntura, Sosa anunció que también presentó un pedido de medidas cautelares a favor de su cliente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que Colombia está violando sus derechos humanos y no respeta los tratados y convenios internacionales que le impiden realizar extradiciones de ciudadanos de otras nacionalidades.

“Colombia tiene ya una trayectoria negativa y nefasta en extraditar a mexicanos, chilenos y otros ciudadanos extranjeros, sin respetar los convenios y tratados internacionales que ha suscrito”.

Sin embargo, la revista Semana de Colombia, el 18 de febrero confirmó el envió a prisión de ‘Gerald’ a territorio estadounidense por solicitud de la Corte del Distrito Sur de La Florida, según la resolución Ejecutiva 019 de 2018, a la que tuvo acceso.

En el documento el poder Ejecutivo de Colombia  niega la solicitud de suspender la extradición porque supuestamente ‘Gerald’ pertenecía a la columna Daniel Aldana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De esta manera, el capo ecuatoriano pretendía acogerse a los beneficios de la Justicia Especial para la Paz (JEP), los cuales incorporaban la suspensión de la extradición, pero fue excluido de las listas que las FARC entregaron a la Oficina del Comisionado del proceso de Paz.

“Es preciso indicar que al haber sido excluido el ciudadano extranjero de los listados de los miembros de las FARC-EP, la solicitud con la cual pretende que se suspenda provisionalmente la extradición argumentando que debe esperarse el listado final de los miembros de las FARC-EP carece de fundamento”, dice la resolución firmada por Santos, a la que tuvo acceso el medio de comunicación colombiano.

Este último escenario también fue abordado por los defensores legales de ‘Gerald’. El abogado Walter Vallejo, miembro del equipo de juristas, adelantó que su cliente si es extraditado podría acogerse a un proceso de colaboración con la justicia de Estados Unidos en la búsqueda de reducir la pena.

En Ecuador, ‘Gerald’ también fue imputado por el delito de delincuencia organizada, tras el hallazgo de $17’000.000 escondidos en los pisos y paredes de diferentes inmuebles de Manta y Guayaquil. “Por este delito, hemos pedido acogernos al procedimiento abreviado, aceptado su participación en el delito y buscando la reducción de la pena en un delito que no supera los 10 años de prisión”, finalizó el jurisconsulto Vallejo. (I)