La Corte Nacional de Justicia (CNJ) se pronunció sobre la negativa de la justicia peruana al pedido de extradición hecho por Ecuador contra Ramiro González, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Ramiro González fue detenido en abril de 2019 en el vecino país, donde solicitó refugio.

En un comunicado, la CNJ dijo que tras conocer de forma extraoficial la decisión de la justicia peruana, envió a través del canal diplomático, “un recurso de reconsideración a la mencionada resolución, la cual se sustenta en elementos ajenos a lo dispuesto en el tratado suscrito entre ambas repúblicas”.

También recalcó que hasta el lunes 6 de enero del 2020, la Presidencia de la CNJ no había sido notificada formalmente con la resolución dictada el 19 de diciembre de 2019 por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú.

Entre los motivos para denegar la solicitud, se indicó que la defensa de Ecuador no estableció claramente que el delito no había prescrito, un punto fundamental en el tratado de extradición suscrito entre ambos países en 2001.

En esa línea, se señaló que en la solicitud formal de extradición "solo se transcribió" un artículo del código penal pertinente "pero no se realizó análisis alguno en relación con el caso concreto sobre la vigencia de la acción penal".

Agregó que ello cobró "relevancia porque el abogado de la defensa, mediante múltiples escritos y en las audiencias" del caso "sostuvo que el delito habría prescrito antes de que se inicie el proceso con la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal".

La decisión de la justicia del vecino país “afecta los principios de independencia y soberanía de los Estados, pues analiza y cuestiona actuaciones ajenas a la naturaleza del proceso de extradición”, señaló la CNJ. 

Un representante de la embajada de Ecuador en Lima también solicitó el lunes "reconsiderar la resolución consultiva" de la Justicia peruana.

Por otra parte, la defensa de Ramiro González pidió la devolución de sus documentos personales, como pasaporte y cédula de ciudadanía, para lo cual se aceptó emitir la constancia correspondiente.

González, quien fue ministro de Industrias y Productividad entre 2013 y 2015, durante el Gobierno de Rafael Correa, fue capturado el 10 de abril de 2019 en una calle del distrito limeño de Miraflores por la Policía Internacional (Interpol), en cumplimiento de un pedido de detención emitido en su país.

En Ecuador, es investigado por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias mientras ejerció el cargo de presidente del Consejo Directivo del IESS entre 2008 y 2013.

Además se le acusa de defraudación tributaria, al presuntamente solo haber justificado ingresos por 360.000 dólares cuando recibió 2,2 millones de dólares, según dijo el año pasado la entonces ministra ecuatoriana del Interior, María Paula Romo.

El exministro, de 61 años, estaba prófugo desde 2017 cuando la Fiscalía y la Policía ecuatorianas allanaron sus inmuebles y detuvieron por unas horas a su esposa, a raíz de la investigación por presunta defraudación entre 2012 y 2016. (I)