Una vez que la Fiscalía indagó sobre las coimas que la compañía brasileña Odebrecht pagaba a funcionarios públicos para adjudicarse obras en Ecuador, hasta ahora se ha determinado la implicación de seis personas y tres empresas en asociación ilícita.

En esta “trama del crimen organizado”, como la denomina el Fiscal, Carlos Baca, han sido inculpadas seis personas. Tras la audiencia del sábado pasado se dictó prisión preventiva contra José Rubén T.N., Carlos Alberto V.C., José Gustavo M.I., Kepler Byron V.A. y José Antonio C.D. A Ricardo R.A., por su edad (68), la jueza de Garantías Penales, Yolanda Mayorga, ordenó arresto domiciliario y uso de dispositivo electrónico.

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de EE.UU., que investiga sobornos, difundió que Odebrecht tejió una red de pagos irregulares en 12 países. En Ecuador se habrían pagado $ 33,5 millones de 2007 a 2016 para lograr beneficios por $ 116 millones en contratación de obras. Esos hechos desembocaron, en el caso de Ecuador, en 12 allanamientos en tres ciudades (Guayaquil, Quito y Latacunga) y dichas capturas y diligencias, el viernes pasado.

El implicado Carlos Alberto V.C., según se conoció durante la audiencia de flagrancia del sábado,  ejercía como subdirector técnico de Producción y Control de Obras (Secob). En 2014 fue subsecretario técnico de Recursos Hídricos en Senagua y parte de Equitransa junto con José Antonio C.D. y Kepler V.A. Este último fue presidente de Equitransa entre 1995 y 2005, y actualmente es accionista mayoritario de la misma.

La empresa participó en 37 proyectos de infraestructura, 12 de ellos a cargo de Odebrecht: el Trasvase Dauvin, Represa Chongón, canal Chongón, Multipropósito Baba, sistema de riego Carrizal-Chone, las hidroeléctricas San Francisco, Agoyán, Maza y Manduriacu; acueducto Esperanza-El Aromo, Poliducto Pascuales-Cuenca, Plataforma Refinería del Pacífico, accesos al nuevo Aeropuerto de Quito (Ruta            Viva) y obras para el Municipio de Guayaquil (ver gráfico).

Hace varios meses Ricardo R. fuedenunciado ante la Contraloría por haber recibido transferencias que ascenderían a $27 millones en supuestas cuentas personales de la empresa panameña Infinitum Reliance Consultans Inc. a través de cuentas en el país centroamericano.

Gustavo José M.I. es primo de los hermanos William y Roberto Isaías, exdueños de Filanbanco, quebrado en la crisis bancaria de 1999. Es accionista en 11 empresas, una de ellas,  Clane Management INVC, domiciliada en las Islas Vírgenes. (I)