Las Memorias Policiales 1984-1986 en uno de sus apartados refiere las supuestas razones por las cuales en Ecuador se delinque: “… el hombre ecuatoriano ha ido desarrollando su personalidad en medio de serias dificultades, ya de carácter telúrico, variaciones climatológicas, inundaciones o sequías”, ya porque “a más de la contaminación ambiental producida por las fábricas, el transporte de automotores concentrados en [las ciudades] producen polución, ruidos y accidentes que causan una sicosis que posteriormente desarrolla en caracteres de agresividad”.

Más todavía, se sostiene que entre “las causas de orden social que pueden señalarse como causales de delitos y contravenciones, se tienen las de orden ancestral, político, religioso, cultural y familiar”. El apartado de las Memorias Policiales donde aparecen estas opiniones institucionales de la entidad encargada de la seguridad de los ciudadanos se llama Etiología de la delincuencia (la etiología es el estudio de “las causas de las cosas”, según la RAE) y lo firma el Comandante General de la Policía Nacional de aquel entonces, Édison Garcés Pozo. Para la máxima autoridad policial de los años iniciales del período de gobierno de León Febres-Cordero (1984-1988) la delincuencia se explica por el medio ambiente en el que vive el delincuente (lo telúrico, el clima, la contaminación ambiental) y por una serie de causas sociales entre las cuales ninguna es económica pero una de ellas es lo “ancestral” (¡?).

El libro La cuestión criminal de Eugenio Raúl Zaffaroni ilustrado por Rep que diario El Telégrafo publica por fascículos los miércoles, según advierte el autor en su prólogo, tiene como propósito “acercar la criminología al público no especializado, convencidos de que la violencia excede en mucho el mero marco académico y cuyo control es materia central de la política en nuestros días, además de un imperativo de supervivencia humana”. El libro se divide en tres partes: la palabra de los académicos, la palabra de los medios de comunicación masiva y la palabra de los muertos. Zaffaroni advierte, de entrada, que “la única verdad es la realidad, y la única realidad en la cuestión criminal son los muertos”. Por eso, La cuestión criminal de Zaffaroni tiene cosas para decirnos sobre las citadas Memorias Policiales 1984-1986.

Sobre las justificaciones, el texto y sus consecuencias       

Zaffaroni cita a André Glucksmann: “¿Qué necesitan hoy los que suben al poder aparte de una buena tropa, aguardiente y salchichón? Necesitan el texto”. El texto es siempre fundamental y necesario: es lo que le otorga justificación a las acciones de represión policial, lo que permite que los ciudadanos a los que se dice servir le otorguemos legitimidad a la violencia que la policía ejecuta contra otras personas. El texto de las Memorias Policiales 1984-1986 es un ejemplo de texto que legitima ese ejercicio de la violencia: se reprime a personas que -consta de manera implícita- no pueden sino ser delincuentes porque su entorno medioambiental y cultural es la causa de que lo sean. El texto es un derivado del determinismo propio de los académicos del positivismo penal (la escuela de Lombroso y Ferri) que encontró decidido apoyo en el discurso de lucha contra el terrorismo y contra la delincuencia que proclamaron las autoridades políticas y sostuvieron los medios de comunicación masiva de aquel entonces.

El texto (de las autoridades, de los académicos, de los medios de comunicación) le permitió a la fuerza pública ecuatoriana ejecutar lo que Zaffaroni llama la “función policial de control territorial” (un derivado de las prácticas del colonialismo europeo) que consiste en controlar el territorio, masacrar a los rebeldes y castigar a los remisos y a las personas indeseables. El resultado concreto de la legitimación de los actos de violencia de la policía durante el gobierno de León Febres-Cordero fue de 295 personas víctimas de crímenes de lesa humanidad: hubo 34 ejecuciones extrajudiciales, 8 desapariciones forzadas, 212 privaciones ilegales de libertad, 262 torturas de las cuales 52 incluyeron actos de violencia sexual, y 18 atentados a la vida.

“¿Por qué un grupo de poder monta un estado de policía, elimina las limitaciones a su poder punitivo y aniquila a una masa humana que señala y sustancializa como enemigo?”. Eso se pregunta Zaffaroni y su respuesta es que aquello sucede porque de esa manera se puede gobernar una sociedad a través de la administración de los miedos, “para distraer la atención de otros riesgos y obtener el consenso para ejercer un poder policial sin control”, a plena conveniencia del poder autoritario. Si los medios sostienen la trampa (o sea, en palabras de Zaffaroni, si por los medios de comunicación se “crea la realidad de un mundo de personas decentes frente a una masa de criminales identificada a través de estereotipos, que configuran un ellos separado del resto de la sociedad, por ser un conjunto de diferentes y malos”) el círculo se cierra y entonces se naturaliza la muerte: “era necesaria, tenían que matarlos”, eso es lo que diría (y todavía dice) cualquier incauto.

El texto justifica, entonces, las consecuencias de ejercer violencia contra esos otros (los diferentes y malos) y contribuye a naturalizar sus muertes, lo que resulta en beneficio del líder autoritario en el poder, mientras obtiene el consenso favorable de los incautos.

Sobre la palabra de los muertos y la cautela

“La única realidad en la cuestión criminal son los muertos”, advertía Zaffaroni. Esos muertos que la criminología debería evitar a través de la prevención y la cautela, pero que de manera tradicional los ha negado o legitimado.

Según Zaffaroni, apoyado en estudios de Wayne-Morrison y de Rummel, “más de uno de cada cincuenta habitantes del planeta fue muerto por los estados en el curso del siglo pasado, sin contar los de guerra”. Una criminología en serio, sostiene Zaffaroni, ni niega ni legitima esos muertos por la violencia estatal (como se suele negar los muertos del período de gobierno de Febres-Cordero) sino que al contrario “debe empezar por escuchar que estos muertos están muertos”. Y reflexionar a partir de ello.

Así, una criminología en serio no sirve para justificar el pensamiento mágico asociado a los discursos políticos y mediáticos en materia criminológica. Al contrario, se trata de una “criminología cautelar”, esto es, una criminología “que proporcione la información necesaria y alerte sobre el riesgo de desborde del poder punitivo susceptible de derivar en una masacre”. O sea, aquel desborde capaz de justificar muertes con la frase “era necesario, tenían que matarlos”.

Para cumplir ese propósito, según Zaffaroni, la criminología cautelar debe atender tres frentes: “(a) Debe estar atenta para analizar las condiciones sociales favorables a la creación mediática del mundo paranoico y desbaratar sus tentativas de instalación desde las primeras manifestaciones orgánicas. (b) Debe tomar muy en serio los daños reales del delito, es decir, la victimización y sus consecuencias, promoviendo en forma permanente la investigación de campo y del efecto que a este respecto tienen el propio poder punitivo y la criminología mediática. (c) Por último, debe investigar y promover públicamente los medios más eficaces para la reducción de los anteriores”.

Una actitud, un análisis y una investigación que son contrarias al pensamiento mágico de la “mano dura” (que nunca ha sido otra cosa que charlatanería oportunista, léase el libro de Zaffaroni para comprenderlo) que suelen sostener los discursos políticos y mediáticos en la opinión pública (también en nuestro país) y que son necesarios para la discusión sobre el nuevo Código Penal que pretende reemplazar la antigualla actual vigente desde 1938.

La triste realidad es que en los debates en la opinión pública, los frentes de la “criminología cautelar” son todavía materia pendiente. Ojalá que “la cuestión criminal” de Eugenio Raúl Zaffaroni (e ilustrado por Rep) contribuya a paliar esa enorme deficiencia.