Por resolución No. 046-2020 del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), a partir de este 18 de mayo de 2020, el despacho de las causas que ya están en trámite en los juzgados, unidades judiciales, tribunales de lo penal, de lo contencioso administrativo y de lo contencioso tributario, se desarrollará de forma interna, a nivel nacional.

De otro lado, el artículo 565 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que las audiencias podrán realizarse a través de comunicación telemática o videoconferencia u otros medios técnicos semejantes, previa autorización del juzgador.

Con estas disposiciones queda abierta la posibilidad de que audiencias de juicio de los presuntos grandes casos de corrupción que se han cometido en el país, las cuales estaban suspendidas por la emergencia sanitaria, puedan reactivarse, entre ellas la del denominado caso Singue.

Abogados hacen observaciones

Aunque queda a criterio del juez o tribunal decidir la realización de las audiencias de juicio y las condiciones, juristas hacen observaciones y reparos.

A través de una carta abierta, alrededor de 50 juristas precisan que las audiencias de juicio en materia penal vía telemática corren el riesgo de comprometer el ejercicio de las garantías judiciales e inclusive acarrear nulidades en los procesos.

Exponen seis principales puntos: las limitaciones de la comparecencia por vías digitales; la calidad y continuidad de la conexión; la confidencialidad y contacto que debe haber entre el abogado y su cliente; la confirmación de la veracidad de la prueba; la transparencia de la recepción de los testimonios de los testigos.

“Es muy peligroso dejar que el derecho penal se ventile en los albores de la justicia telemática. No nos oponemos al avance tecnológico, nos oponemos a sacrificar justicia y principios fundamentales que arrasarían con principios fundamentales”, dijo a través de su cuenta en Twitter, el penalista Carlos Soria, uno de quienes suscribió la carta abierta.

Situación del caso Singue

Para el penalista Juan Pablo Albán, abogado de Silvana P., una de las 15 personas procesadas en el caso Singue, hay audiencias que se pueden hacer telemáticamente, como las de formulación de cargos, revisión de una medida cautelar y otras.

“Pero en una audiencia en la que se va a practicar la prueba, en la que hay que cerciorarse que los testigos están presentes con las debidas seguridades, que nadie les está ayudando en las respuestas, en la que es necesario verificar la autenticidad de un documento de prueba, de examinar y contraexaminar a un perito, todo esto no se puede hacer vía telemática lamentablemente”, dijo.

Esta es la situación del caso Singue, que fue suspendida la audiencia de juzgamiento apenas iniciada.

Considera que si eventualmente mejoraría la situación sanitaria por el covid-19 y fuera posible retornar a las salas judiciales con reglas de distanciamiento, “seguramente podríamos reanudar la audiencia”.

Miguel Revelo, abogado del exministro Carlos P. Y., procesado en esta causa, lamentó que no haya una política clara para el desarrollo de las actividades en la Función Judicial durante la emergencia sanitaria.

“No tenemos la tecnología en Ecuador para poder llevar a cabo una audiencia de esta magnitud vía telemática; en segundo lugar, es imposible que dentro de la pandemia que estamos viviendo se pueda reanudar una audiencia de juicio de manera presencial, más aún si la mayoría de abogados e intervinientes pasan de los 60 años de edad”, sostuvo.

Para Revelo, por sentido común, primero debe superarse el tema sanitario, luego continuar con el juicio en el que se estima que habrá al menos 150 testigos, los cuales deben estar presentes en la audiencia y con distanciamiento. Además, reinstalar el juicio en las actuales condiciones sería hacer un show político, violentar el debido proceso y la seguridad jurídica. (I)

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Los procesados a la espera de la notificación del Tribunal

Los abogados de los procesados no han recibido ninguna notificación sobre la reinstalación de audiencia que fue suspendida el 16 de marzo por la emergencia Sanitaria.

Los juristas están a la expectativa para atender el llamado, porque lo importante es que se haga justicia. Es el caso de José Molina, de la defensa técnica de la procesada Silvana P., quien asegura que en el contrato del campo petrolero Singue, no hay ilegalidad, por lo que inclusive el Procurador del Estado emitió un criterio de legalidad.

Además, revela que la compañía contratista tenía que invertir, según el contrato, $ 27 millones, pero hasta la fecha ha invertido más de $ 120 millones, mientras que el Estado no ha invertido un solo dólar, pero ha recibido $ 132 millones. Sobre su cliente, indicó que no tiene responsabilidad en la firma del contrato y pidió que no se politice el caso. (I)