El juez David Jacho reinstalará este viernes 8 de noviembre de 2019, a las 15:00, la audiencia de juicio directo en el caso de paralización de servicios públicos durante el paro nacional.

En esta diligencia el juez emitirá la sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria para el asambleísta Yofre P. H.; el prefecto de Sucumbíos, Humberto Ch. A.; el concejal de Lago Agrio, Hugo B., y otros seis imputados.

Esta sentencia se convertirá en la segunda dictada como consecuencia de las violentas manifestaciones registradas en el paro nacional del 3 al 13 de octubre de 2019.

La primera condena por el delito de incitación a la discordia la dictó el juez de Garantías Penales, William Sangolquí, en Cuenca, provincia de Azuay, el 17 de octubre.

El procesado que recibió la condena de cuatro meses de privación de la libertad fue Pablo Israel C., de 23 años, estudiante universitario. En la audiencia de procedimiento abreviado, Pablo aceptó su participación en el delito de incitación a la discordia entre ciudadanos.

En un video se observa al universitario reunido con otros manifestantes, a quienes les indica “necesitamos alambres, bombas, un grupo que lance bombas”. Además, en fotografías se evidencia que Pablo Israel C. tiene en sus manos alambres, los cuales fueron amarrados en postes de semáforos y atravesados sobre la vía.

En el caso de la paralización de servicios públicos, el 29 de octubre, en el cuarto día de audiencia, la Fiscalía, la acusación particular y la defensa de los imputados presentaron los alegatos.  

En el juicio, el fiscal subrogante Wilson Toainga manifestó que con las 31 pruebas –entre testimoniales y documentales–, se demostró que el 7 de octubre los nueve ciudadanos ingresaron de forma violenta a las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en Sucumbíos.

Ellos obligaron a los técnicos a paralizar el bombeo de petróleo a través del SOTE (Sistema de Oleoducto Transecuatoriano). Como consecuencia de los desmanes ocurridos durante el paro nacional se procesó a 260 personas, detenidas en 16 provincias del país por diferentes delitos. Unos están libres, otros en prisión. (I)