A cuatro meses 20 días de los hechos, este lunes 2 de marzo de 2020 inició la audiencia preparatoria de juicio en contra de 27 sospechosos del ataque e incendio del edificio matriz de la Contraloría General del Estado. El hecho ocurrió el 12 de octubre de 2019, en el contexto de las violentas protestas convocadas e impulsadas por la dirigencia indígena.

A los 27 procesados en este caso, quienes en mayoría son indígenas, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, los acusa de sabotaje, paralización de un servicio público y destrucción de registros públicos.

Debido a la cantidad de abogados y público presentes, la audiencia que tenía previsto desarrollarse en la sala 405 del Complejo Judicial Norte, en Quito, se trasladó al piso 11 y comenzó cerca una hora después de lo planificado.

Diligencia reservada

Al instalar la audiencia, la jueza de garantías penales, Ana Cristina Guerrón, concedió 10 minutos a la defensa de cada uno de los 27 procesados para que expongan los vicios de procedimiento y procedibilidad que pudieran haberse registrado en el caso.

Paralelamente dispuso que la diligencia sea reservada, debido a que en la causa se analizan delitos contra la estructura del Estado, por lo que se cumplió sin público ni prensa.

Tras cerca de cuatro horas y media de la audiencia a puerta cerrada, abogados de los procesados revelaron que la jueza negó los pedidos de nulidad. Excepto un peritaje antropológico realizado por disposición de la Fiscalía y dispuso 10 días para resolver este aspecto.

Quedó abierta la posibilidad de que el caso vuelva a la etapa de instrucción fiscal; esto es que se anule todo lo avanzado desde mediados del mes de diciembre.

Admiten que estuvieron dentro del edificio

El exdefensor público general, Ernesto Pazmiño, abogado de tres de los procesados, considera que la Fiscalía se apresuró en la acusación, especialmente porque no hay elementos que prueben lo que plantea la acusación.

Reconoce que sus clientes, como casi todos los acusados, fueron detenidos al interior de la Contraloría, pero en ningún caso adecuando su conducta a los delitos de los que habla la Fiscalía.

Tras señalar que sus defendidos no son responsables ni del incendio ni de la destrucción de los bienes, sostuvo que ellos habrían ingresado a la Contraloría para ayudar a sus compañeros. Además, “en poder de los acusados no se encontró ni fósforos, ni gasolina, solo botellas con vinagre para evitar los gases lacrimógenos.

La exjueza nacional y abogada de otros procesados, Mariana Yumbay, coincidió con Pazmiño, en que los jóvenes fueron detenidos dentro del edificio de la Contraloría, lo que no implica que hayan cometido los tres delitos por los que son procesados. “Ese día no solo ingresaron los 27, sino muchos más ciudadanos, inconformes con lo que estaba ocurriendo”, dijo.

La Fiscalía sostiene que hay elementos suficientes, para demostrar que los procesados fueron detenidos con botellas que contenían líquido inflamable, piedras, voladores, fósforos y otros implementos. Además cuenta con suficiente información para probar la culpabilidad de los 27 procesados, así como su grado de responsabilidad en estos hechos. (I)

Los hechos
La incursión al edificio
El 12 de octubre de 2019, a nueve días de iniciadas las protestas impulsadas por la dirigencia indígena, un grupo de manifestantes ingresó al edificio de la Contraloría, destruyó lo que encontró a su paso y procedió a incendiarlo.

1 día después de estos hechos, los 34 detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia y se inició un proceso penal por terrorismo.

Ya no hay detenidos
Para el 21 de noviembre de 2019, todos los 34 detenidos estaban libres pero los procesos penales no se suspendieron. (I)