El Consejo de la Judicatura (CJ) suscribió ayer, martes 4 de diciembre, dos memorandos de entendimiento con agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Se trata de un acuerdo con ONU-Mujeres, organismo de las Naciones Unidas dedicado a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y otro con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El Presidente del CJ, Marcelo Merlo, explicó que el objetivo de estos convenios es garantizar el acceso de niñas, niños, adolescentes y mujeres, a un servicio de justicia especializado. Estos acuerdos buscan acabar con la impunidad en este tipo de delitos, dijo.

Por su parte, la vocal Zobeida Aragundi Foyaín, señaló que es importante la capacitación de los operadores de justicia que trabajan en este tema, a fin de que las sancionen sean efectivas.

Acuerdo con ONU-Mujeres

El documento fortalece el acuerdo que mantienen, desde 2015, el CJ y ONU-Mujeres. Tiene como prioridad fortalecer los servicios especializados de justicia, el acceso a estos y la defensa de los grupos de atención prioritaria.

Tendrá una vigencia dos años, tiempo en el cual los jueces, juezas y personal técnico que conocen casos de violencia contra mujeres y miembros del núcleo familiar serán capacitados.

En este marco, Bibiana Aído, representante de ONU Mujeres en Ecuador, destacó la aprobación de leyes que sancionan la violencia contra la mujer y mencionó la importancia de su implementación. En estos casos los procedimientos deben ser imparciales y justos, sin estereotipos de género o interpretaciones discriminatorias.

Acuerdo con Unicef

El convenio suscrito garantiza la elaboración de herramientas técnico-jurídicas que promuevan el acceso efectivo de los menores a los servicios de justicia, eviten su revictimización en casos de delitos sexuales y cumplan la toma de testimonios anticipados para los afectados de estos hechos.

En esta línea, Juan Enrique Quiñónez, representante de UNICEF en Ecuador, señaló que el acuerdo formaliza la cooperación que mantiene con el CJ y que está dirigido a proteger el principio del interés superior del niño en todas las actuaciones de las autoridades. (I)