El Consejo de la Judicatura (CJ) solicitará a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial, respecto de la legalidad de la obtención de carnés de discapacidad por parte de los servidores de la Función Judicial.

Así lo informó el organismo, a través de un comunicado que señaló que el pedido se efectuará en consideración de que el Ministerio de Salud Pública (MSP), no proporcionó información completa sobre este tema, pese a las insistencias realizadas por el CJ.

Ayer, martes 29 de septiembre de 2020, el Pleno del CJ conoció un informe de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión y de la Dirección Nacional Jurídica, en el que se ratificó que, hasta la fecha, la mencionada cartera de Estado solo ha remitido datos parciales correspondientes a 98 jueces que registraron su condición de discapacidad.

De ellos, 37 sí cumplieron con la documentación requerida, mientras que 58 casos ingresaron a verificación del Ministerio de Salud por no cumplir con los parámetros establecidos en la Ley y por ello, sus expedientes debían ser revisados.

Los tres restantes no estaban registrados en el Sistema de Información en Línea (SIL), detalló el Consejo de la Judicatura.

Los resultados del proceso de verificación aún no fueron remitidos al CJ, por lo que las acciones que la Judicatura pudiese emprender en el futuro, dependen de la información que debe enviar el Ministerio de Salud, así como de los resultados de la investigación que realiza la Fiscalía, con base en la denuncia presentada por la referida cartera de Estado.

El comunicado culminó señalando que la gestión del CJ es la Lucha contra la corrupción y en esa línea, promueve acciones que garanticen la transparencia en la actuación de los servidores judiciales. Cualquier acto que atente contra la ética de la Función Judicial será sancionado en el marco del debido proceso y de acuerdo con la normativa vigente. (I)