Carlos (nombre protegido) se sube a un bus de la Ecovía de Quito para contar su historia y pedir una ayuda. En enero pasado, él, su esposa, su hermano y su cuñada dejaron su casa en Puerto Leguízamo (población colombiana en la frontera con Ecuador).

Todos salieron solo con lo que vestían ese día. No tenían otra alternativa, pues los dos jóvenes eran buscados por grupos disidentes que querían reclutarlos.

Esta historia no es extraña para la Defensoría del Pueblo de Colombia, que desde 2017 alerta sobre el incremento de esos reclutamientos en la zona de la frontera binacional. Aumento que tiene como detonante la aparición de grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de grupos paramilitares.

Ellos a pesar de la firma de paz con el gobierno del vecino del norte mantienen sus manuales de convivencia que incluyen el reclutamiento de jóvenes de las comunidades, especialmente indígenas.

El relato más estremecedor fue en Piñuña Negra, a poca distancia del territorio ecuatoriano. En diciembre de 2017 algunos jóvenes, varios aún no cumplían 18 años, fueron engañados con la oferta de trabajo en las plantaciones de coca.

Luego de un recorrido durante varios días los jóvenes fueron llevados a una zona selvática que no identificaron. En ese momento se dieron cuenta de que estaban en manos de un grupo armado.

Durante un mes fueron obligados a recibir entrenamiento militar, antes de vincularlos a actividades de seguimiento a pobladores en la cabecera municipal de Leguízamo.

Pocos meses después, a un pequeño caserío en Puerto Asís, cerca de la frontera binacional, llegó gente armada y pidió a todos que se reunieran para que los escucharan y que les prepararan algo de comer.

Ellos dijeron que iban a “incorporar” a jóvenes en sus filas ofreciéndoles el pago de más de un millón de pesos colombianos cada mes. Esa “oferta” motivó el desplazamiento de familias para proteger a sus hijos de los reclutamientos forzosos.

La Coalición Contra la Vinculación de Niños al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) reveló que en 2018 se registraron 50 casos en ese país, lo que representa un aumento de casi el 100% en comparación con el año pasado.

Este no es un fenómeno alejado en el país. Los jóvenes ecuatorianos son tentados a cruzar la frontera para ser parte del negocio de la droga.

La agrupación Red Fronteriza denunció que hay grupos irregulares que reclutan a jóvenes de las localidades, principalmente de La Victoria, limítrofe con la parroquia El Carmelo.

Carmen Arias y Luis Lara presentaron esta demanda ante las autoridades de Carchi, que actualmente está en indagación. En la frontera se les ofrece hasta dos millones de pesos mensuales lo que representa una ayuda en sus economías. (I)