Sentados a mi alrededor están cuatro líderes indígenas amenazados de muerte. No es una intimidación cualquiera, actores armados colombianos los buscan por defender su territorio ancestral en la provincia de Sucumbíos, en la frontera con Colombia.

Este momento es preferible no entrar a su comunidad, ubicada a orillas del río Putumayo. La llegada de cualquier extraño pone en riesgo sus vidas, advierte una defensora del Pueblo.

Para conocer su historia cambiaron la selva por una oficina de vidrios transparentes en Nueva Loja. Solo piden protección, nada de fotos ni publicar sus nombres.

Lo peor para el pueblo siona empezó en 2016, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) salieron de sectores de la frontera, dejando un área apetecida por grupos disidentes y paramilitares. Ambos querían volverse ricos con el negocio de la cocaína.

Unos se hacían llamar “Los Comuneros”. Ellos llegaron al poblado, compuesto por 41 familiares, para exigirle apoyo para su causa combativa. Luego estuvieron los paras “La Constru” que buscaban amedrentarlos, relata el jefe de la comunidad San José de Visitas, de la nacionalidad siona.

A su lado se encuentran tres mujeres ancianas y nueve hombres que con su silencio y miradas confirman el relato de su compañero.

Las amenazas siguieron, hace pocos meses en su comunidad botaron panfletos. Ahí les ponían horarios para su movilización. Nadie podía salir desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana del día siguiente. “Eran hojas con la foto de una pistola. El mensaje era claro”, recuerda el dirigente.

La prohibición incluye viajes hacia Lago Agrio, El Palmar, Santa Rosa, Santa Elena... Los actores armados quieren tenerlos de rehenes en su territorio en Ecuador. Ellos no pueden caminar tranquilos por la selva. En el área se han colocado explosivos caseros, presumiblemente por los grupos disidentes. Una delegación internacional de la Cruz Roja dialogó con los indígenas siona para retirar ese peligro de sus casas.

En la comunidad está latente el temor de que los más jóvenes sean tentados a cruzar la frontera para trabajar en plantaciones de coca. El reclutamiento no es cosa del pasado y las carencias de la zona los convierten en blanco fácil.

La frontera norte ha sido históricamente postergada de servicios básicos, salud, educación y también seguridad. A pocos minutos del límite binacional existen plantaciones de hoja de coca, laboratorios de refinamiento y usan el país para sacar la droga a Estados Unidos y Europa, comentan.

Pero a raíz de la firma de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC la seguridad cambió en la zona. A inicios de 2018, Inteligencia ecuatoriana identificaba a seis organizaciones armadas que luchaban por el territorio.

Estos eran el frente Óliver Sinisterra, el Clan del Golfo, Guerrillas Unidas del Pacífico, Resistencia Campesina, Gente de Orden y La Empresa. Todos con nexos con carteles mexicanos de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.

El frente Óliver Sinisterra fue el primero en atacar directamente en territorio ecuatoriano, con bombas en Esmeraldas, con el asesinato de cuatro militares; y el secuestro y muerte de tres periodistas y una pareja de comerciantes.

Puerto Nuevo está a orillas del río San Miguel. Fue reconstruido después de un ataque de las FARC. Foto: Mario Egas / El Telégrafo

Nuevos grupos emergen

Hace un año la Defensoría del Pueblo de Colombia alertó que aparecieron nuevos grupos armados herederos de la violencia que dejaron las FARC en la frontera.

Estos son “Nuevo Horizonte” y “Movimiento Revolucionario del Alto”, ambos tienen su presencia en Puerto Leguízamo, colindante con Sucumbíos.

A esta lista se suman nuevos nombres, como “La Constru” y “Los Comuneros”. Este último se ha hecho sentir en poblados del norte de Sucumbíos.

Uno de ellos es puerto El Carmen, el cantón apostado en la ribera del río San Miguel. En el primer recorrido por sus calles pareciera que reinara la calma. Sus negocios están abiertos y se comercializa igualmente en dólares o pesos colombianos.

En esta jurisdicción hay un batallón del Ejército, una capitanía de Puerto de la Marina y un destacamento policial. Los soldados y policías no quieren pronunciarse sobre la situación que se vive en puerto El Carmen.

Este punto es considerado un enclave para el tráfico de drogas y delitos conexos, como el paso ilegal de combustibles hacia Colombia, el contrabando de electrodomésticos y ahora la presencia de grupos armados.

El teniente de Navío, Luis Martínez, reconoce que los comerciantes del cantón han sido extorsionados. Las amenazas llegaron por igual a dueños de restaurantes, bares, ferreterías o cualquier negocio que podría dar algo de dinero.

El año pasado, recuerda el uniformado, una mujer no quiso pagar las llamadas “vacunas” y fue atacada violentamente.

Los uniformados pensaron primero que se trataba de un caso de femicidio, pero luego verificaron que tras el ataque estaban los grupos armados. La mujer y su familia escaparon de puerto El Carmen.

“Los comuneros saben quiénes piden dinero”, dice una joven que atiende un local en el cantón. “Mi madre sabe más”, contesta la chica. Pero los dueños de los negocios prefieren el silencio.

Su mamá asegura que no conoce nada, que hace dos años, luego de la firma de la paz en Colombia, un supuesto miembro de la disidencia les anticipó que le entregaran un pago mensual, pero la mujer se negó, le dijo que era ecuatoriana, que su negocio estaba en Ecuador. Esa fue la única amenaza que le llegó hasta el momento.  

Por la misma ribera del río San Miguel está Puerto Nuevo, otro de los puntos clave en la frontera. Más humilde que puerto El Carmen, este poblado también vive del comercio, pero se mueve con el negocio de la cosecha de la hoja de coca del otro lado del límite binacional.

Los operativos de militares y policías colombianos para erradicar cosechas ilegales tuvieron incidencia en sus ingresos, sobre todo a los dueños de los locales.

Un líder comunitario sostiene que sus pobladores también fueron extorsionados en el pasado. Todos debían pagar las vacunas (pago de dinero) a un tal “Mateo”,  líder de “Los Comuneros”. Todos eran amedrentados, incluso otavaleños que iban a la localidad para traer ropa de Colombia debían pagar un millón o dos millones de pesos para trabajar.  

La última amenaza les llegó por WhatsApp a sus teléfonos celulares. En Puerto Nuevo solo se recibe la señal de la telefonía colombiana. Aquí un supuesto comunicado de los paramilitares “Águilas Negras” ponía una sentencia de muerte a venezolanos y líderes de organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos.

A la comunidad siona también le llegó esta amenaza. Ellos para defenderse organizaron una guardia indígena. El líder de la comunidad dice que la cultura occidental no entenderá por qué ellos actúan así, pero esta guardia tiene el propósito de proteger a los suyos. “Sabrán que si se meten con uno, es con todos”, sentencia el hombre. (I)

Los carteles
La influencia mexicana
Pedro Oberman Goyes Cortés es el nombre de supuesto proveedor de droga a los carteles mexicanos. Él es más conocido como “Sinaloa” y su centro de operaciones está en Puerto Asís, población colombiana que limita con el país. Presuntamente comercializa entre cuatro y seis toneladas de cocaína al mes desde la selva binacional.

Tras dos asesinatos  
En enero pasado la Policía de Ecuador y de Colombia detuvieron en Puerto Asís a dos hombres que son investigados por  participar en la emboscada de una patrulla  antinarcóticos. En esa acción murieron dos policías ecuatorianos. Los apresados tienen nexos con los grupos delincuenciales que supuestamente dirige el antisocial conocido como “Sinaloa”.  

Contra la erradicación
A inicios de febrero las Fuerzas Armadas y la Policía de Colombia se adentraron en la selva para fortalecer la erradicación manual de las plantaciones de coca. Los grupos disidentes y paramilitares buscan oponerse a estas acciones amenazando a los comuneros que apoyen a los uniformados y acepten la sustitución voluntaria de cultivos.  

Más droga decomisada
Uno de los operativos antinarcóticos más importantes del último trimestre fue en puerto El Carmen. La Marina y el Ejército decomisaron 700 kilos de cocaína que eran sacados de Colombia a través de lanchas. Los traficantes al percatarse de la presencia de los uniformados escaparon y dejaron la droga y las embarcaciones. Los controles son permanentes en el río. (I)