La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) no dio paso al pedido del Estado ecuatoriano de incluir al expresidente Rafael Correa en la lista de alerta roja, para su localización y captura.

Este miércoles 5 de diciembre, a las 10:35, la jueza nacional Daniella Camacho recibió un oficio de la Interpol en el que se le informa que “suprime los datos del ciudadano ecuatoriano Rafael Correa Delgado, tras examinar los elementos concernientes a su situación jurídica”.

El documento enviado por el jefe de la Oficina Central Nacional-Interpol Quito de la Policía Judicial (PJ), Galo Muñoz, señala que se han examinado los elementos concernientes a la situación jurídica del solicitante.

“La información disponible a la Comisión reveló que la retención de los datos en el Sistema de Información de Interpol no era compatible con la obligación de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales”.

Se refiere al marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En respuesta, pasado el mediodía, mediante un comunicado, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) señaló que la decisión de Interpol “no cumple con los requisitos establecidos en el art. 38 del Estatuto de la Comisión de Ficheros de Interpol”.

Y añade que, además, “está sujeta a revisión, conforme señala el art. 42 del mismo estatuto”.

Extradición sigue en firme

Esta negativa para emitir notificación roja no afecta el proceso de extradición porque “son trámites independientes”, aclaró la CNJ. Además, subraya que las notificaciones rojas son documentos internacionales que se utilizan para solicitar la localización y detención de una persona buscada por las autoridades judiciales de un país determinado con miras a su extradición.

La resolución de la Interpol es apelable y para ello el Estado ecuatoriano tiene seis meses en los que debe reunir nuevos elementos necesarios.

El general Enrique Espinosa, director nacional de la PJ, aclaró que el expresidente Correa tiene libertad para circular por cualquier país del mundo, excepto Ecuador, en donde tiene orden de prisión. Relató que la petición para la búsqueda y aprehensión del exmandatario fue cursada el 10 de julio mediante el sistema I-247, que es el que se sigue en casos como este.

Para Alejandro Vanegas, uno de los abogados del expresidente, “la petición (de difusión roja) nace de un proceso político, sin contenido esencial y carente de responsabilidad penal del exmandatario”.

El 7 de noviembre pasado, la jueza Camacho llamó a juicio a Correa y a tres personas más, a quienes acusó como autores del plagio de Fernando Balda, ocurrido el 2012 en Bogotá-Colombia.

El juicio contra Correa y otro de los procesados está suspendido hasta que regresen al país, ya que no pueden ser juzgado en ausencia. (I)