Con apenas 43 días de funciones, el intendente general de Policía de Santa Elena, Freddy Villao Briones, hizo un balance de su trabajo, en el que destacó el comportamiento de la ciudadanía, la coordinación con los agentes del orden y la agilidad en el despacho de los expedientes y trámites.

Para lograr esos objetivos el funcionario ha procurado una gestión que obedezca a las reales necesidades de la comunidad, según dijo, de manera planificada, coordinada, transparente, participativa, oportuna, eficaz y eficiente.

Además, ha implementado progresivamente acciones concretas a través de 7 proyectos ejes.

Estos son: Playa segura, Yo opino, La información ya es de todos, Ojo protector, Es mejor, Control 24 y Capacitación y respeto.

Villao indicó que como abogado conoce plenamente la normativa que le rige y que en base a eso, sin contravenir el ordenamiento jurídico, busca implementar medidas que tengan mayor efecto ante el requerimiento ciudadano, sobre todo en temas de seguridad y el respeto de los derechos de las personas.

El funcionario relató que ha identificado dos factores o focos generadores de violencia y delitos en la Península, como es el consumo excesivo de alcohol, sobre todo el artesanal, y la violencia intrafamiliar.

Denuncias por Twitter

“Tenemos la facultad de actuar de manera preventiva, de acuerdo al artículo 622 del Código Penal, cuando estamos ante la presencia o tenemos conocimiento de que se está perpetrando un delito o una contravención y por eso, justamente, habilitamos la cuenta de Twitter @intendentefvSE para que la ciudadanía nos haga conocer oportunamente cualquier tipo de denuncia o irregularidad”, indicó.

Al inicio de su gestión, la Intendencia General de Policía creó lo que se denominó, mesa de trabajo interinstitucional de control turístico y orden público, con el objetivo de establecer una comunicación con diferentes sectores para socializar los problemas y buscar soluciones.

“Lo que se pretende es articular acciones con los recursos que contamos. Tenemos un mandato constitucional que cumplir en base al artículo 226 de la Constitución que obliga a que las diferentes instituciones del Estado coordinen su accionar y busquen la plena realización de los derechos de los ciudadanos”, comentó Villao.

Permisos de funcionamiento

En días pasados los 58 representantes de las comunas de Santa Elena se reunieron con los siete tenientes políticos y los tres jefes políticos de la provincia, y con el Intendente General de Policía en el  Centro de Atención Ciudadana,  con la finalidad de establecer canales directos de comunicación, así como de socializar las acciones a adoptar contra los propietarios de los establecimientos comerciales, bares, cantinas y otros locales que laboran sin el Permiso Anual de Funcionamiento (PAF). 

La medida implicó también a quienes no han cancelado este permiso desde hace varios años, para lo cual se puso en conocimiento los listados de los deudores a los presidentes de las comunas, tenientes políticos y jefes políticos para que visiten estos lugares y soliciten el pago del PAF.

58 representantes de comunas se reunieron con autoridades para establecer canales de comunicación

Se informó que en lo que va del presente año, 742 locales no han cancelado este permiso, de estos 702 adeudan 15 dólares cada uno, y 40 deben 250 dólares por local, dependiendo de la categoría comercial de cada establecimiento.

Ante esta situación se dispuso un plazo para el pago, caso contrario se anunció la clausura del establecimiento.

Al referirse a este tema, el funcionario relató que se encontró con un problema con la emisión del PAF. Había comerciantes que no estaban regularizados, y al desconocer las razones por las cuales no han obtenido el permiso, la dependencia no podía a la ligera realizar operativos y clausurar los locales.

La mesa de trabajo entre dependencias de control turístico y orden público sirvió para que los presidentes de las comunas den a conocer de manera directa los problemas. Uno de esos era que no había especies en el Ministerio de Salud Pública para que los comerciantes tramitaran el certificado que requerían según la norma, y obtuvieran a la vez el PAF en las oficinas de la Intendencia General de Policía.

Villao relató que investigó el asunto y habló con el Director Provincial de Salud en la Península, quien le confirmó la falta de especies. Encontró una solución que fue la emisión de un certificado provisional. Con ese documento los usuarios ya pudieron sacar el permiso de funcionamiento y así cumplieron con los requisitos de ley.

Trámite de deportación sin interrupciones

Debido a que la población es eminentemente turística y con gran afluencia de extranjeros, los trámites relacionados con deportaciones también fueron optimizados por las autoridades.

Villao explicó que hay que enfocarse en terminar con el centralismo, en este caso, siendo la Intendencia General de Policía de la misma rama de la Función Ejecutiva y de la misma estructura de la Gobernación de la provincia de Santa Elena, se realizó un proceso de desconcentración parcial de competencias.

Por primera vez, y tras estudiar normativamente el procedimiento, esa dependencia emitió una resolución administrativa para delegar parcialmente las competencias y que su resolución tenga valor amparado en la ley.

En este sentido, se resolvió que tanto los tres comisarios, uno por cada cantón (Salinas, Santa Elena y La Libertad), como el Intendente General, puedan despachar los casos de deportación, sobre todo durante los turnos de fines de semana.

El objetivo es que siempre haya atención a la ciudadanía, porque una persona no puede estar retenida por más de 24 horas sin fórmula de juicio.