El Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha iniciará hoy la etapa de juzgamiento en contra de seis policías, a quienes la Fiscalía acusa de haber permitido la pérdida de evidencias luego de los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010.

En este caso la Fiscalía sindicó a 3 miembros de la Policía Judicial y 3 de Criminalística porque no acordonaron la escena del crimen ni preservaron las evidencias después del rescate del presidente de la República, Rafael Correa, bajo una lluvia de balas, del Hospital de la Policía.

El fiscal Gustavo Benítez señaló que los uniformados faltaron a su deber y no actuaron para recoger las evidencias, en su lugar personal de limpieza del Municipio lavó con agua las calles de los alrededores del Regimiento Quito y del Hospital de la Policía, donde se produjeron los incidentes protagonizados por uniformados.

Esta acción causó la desaparición de las pistas de lo acontecido, ya que se perdieron casquillos de balas, huellas y todo tipo de evidencias que hubieran facilitado la investigación de los hechos.

Benítez indicó que en la audiencia de juicio, el fiscal Fabián Salazar decidió no acusar a 3 de los uniformados implicados, por lo que el juez provincial solo llamó a juicio a Lenín V., Carlos M. y al coronel Víctor G.

Pero al subir el proceso a consulta, el fiscal provincial de Pichincha decidió que se debía incluir en la diligencia a Carlos M., Cristian P., y Patricio F., por lo que en el juicio intervendrán 2 fiscales.

Benítez argumentó que los sindicados serán juzgados de acuerdo con el artículo 620.2 del Código Penal vigente en el momento del cometimiento de la supuesta falta, el cual tipifica la alteración de evidencias referidas al servidor policial que ponga en riesgo la obtención o conservación de vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba para la investigación de un delito, será sancionado con prisión de 3 meses a un año.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) mantiene la figura delictiva en el artículo 292, pero la pena fue aumentada de uno a 3 años de reclusión.

A la audiencia están convocados 41 testigos y el caso forma parte de los 41 procesos que aún siguen activos sobre el 30S.

Culpables de delitos

La Fiscalía resumió hasta octubre de este año las actuaciones que tuvieron en este tipo de casos, lo que posibilitó declarar culpables, de los delitos cometidos en el 30S, a 179 personas y 72 resultaron inocentes.

Además lograron 31 sentencias, de las cuales 5 son de primer nivel; 14 casos están en apelación y 12 en casación.

El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga confirmó que en 5 años de investigación de los hechos se procesaron 73 causas y se obtuvieron 31 sentencias.

“La actual administración impulsó la investigación profesional, técnica y efectiva de los hechos. Para ello, la Fiscalía solicitó asistencia penal internacional y efectuó decenas de pericias”, aseguró.

Las causas procesadas se dividieron de acuerdo con los delitos, 4 por asesinato, 5 atentados a la seguridad del Estado, 1 detención ilegal de personas, 2 riesgo de obtención de evidencias, 4 incitación a la rebelión, 2 insubordinación, 1 plagio, 1 sedición, 20 por suspensión de servicios públicos y 1 tentativa de magnicidio.

Nuevas indagaciones

También se iniciaron nuevas investigaciones de delitos que cometieron los uniformados en el 30S y fueron ignorados con el claro propósito de encubrimiento, manifestó Chiriboga.

En 2014 se iniciaron 12 nuevas investigaciones, 7 en Pichincha, 1 en Cotopaxi, 1 en Bolívar, 1 en El Oro, 1 en Santa Elena y en Santo Domingo.

“También se obtuvo información de la Policía Nacional que permaneció un prolongado tiempo en la penumbra judicial y que sirvió para reforzar indagaciones en curso”, indicó el funcionario.

Este año se inició la última indagación previa encaminada a demostrar un presunto intento de golpe de Estado, con lo que se cerrarían las actuaciones fiscales, confirmó el fiscal.

El 4 de septiembre de este año, el presidente Rafael Correa acudió a la diligencia judicial efectuada en el Hospital de la Policía, organizada por la Fiscalía, y en la que actuaron 7 peritos venezolanos que elaborarán el informe que estaría listo en los próximos días, por lo que habría un dictamen en los primeros días de 2016. (I)