Los delitos y delincuentes informáticos que hasta 2014 eran casi desconocidos en Ecuador escogieron esta vez como blanco el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

El hackeo al sistema del organismo rector del tránsito en el país dejó un perjuicio económico al Estado por más de $ 1,2 millones.

Con la vulneración del sistema también se benefició con la licencia de conducción a personas que jamás aprobaron ningún curso de manejo ni un examen. Ellos, reconocen las mismas autoridades, ahora representan una gran amenaza en las carreteras.

La ANT confirmó que su sistema informático fue vulnerado por el ingreso de 99 usuarios externos, quienes otorgaron ilegalmente 15.970 licencias de conducir tipo A, B, C, D, E, F y G.

Además, modificaron 14.583 multas por infracciones y devolvieron 26.801 puntos a conductores que violentaron la ley.

Todo esto a través de programas y usuarios no autorizados. Incluso, lo hicieron fuera de horario laboral. Esa tarea ilegal movió más de $ 1’250.000.

La denuncia ya fue presentada en la Fiscalía y hay  una investigación en curso por delito informático, un término que hasta hace cuatro años no era común entre los ecuatorianos.

Es recién en 2015 que se receptaron denuncias sobre hackeos de páginas o sistemas informáticos de los bancos, por parte de clientes a quienes les debitaron o sustrajeron dineros de sus cuentas. Eso obligó a las entidades crediticias a actuar y tecnificar más sus sistemas de protección informática.

De acuerdo a datos de la Fiscalía, en 2017 se presentaron 235 denuncias sobre delitos informáticos, mientras que en lo que va de 2018 hubo 42.

El delito informático está actualmente tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El  artículo 232  establece penas de tres a cinco años de prisión para quien sea hallado culpable.

La compra de licencias repercute en la cifra de accidentes
Las alertas se encendieron en el país  porque quienes obtuvieron de forma ilícita las licencias ahora, incluso, manejan vehículos de transporte público y algunos ya ocasionaron accidentes.

Por ejemplo, el accidente protagonizado el 24 de marzo pasado por el bus de la cooperativa de transporte “Rutas Portovejenses”, disco 21, dejó como saldo 13 muertos y 17 heridos.

Las primeras investigaciones establecieron que el conductor, quien se dio a la fuga, era de nacionalidad venezolana y que obtuvo la credencial profesional de conducir de manera ilegal, sin cumplir el curso y las pruebas de rigor en una escuela de conducción del país.

Este accidente pasó a engrosar las ya alarmantes cifras de muertos, heridos y daños materiales.

Según estadísticas de la ANT, entre  enero y febrero de este año, es decir en apenas dos meses, se registraron 4.035 siniestros, lo que equivale a 67,2 accidentes por día o 2.017 al mes. Esos percances causaron 347 muertos (5,7 por día o el equivalente a 173,5 fallecidos al mes) y 3.106 lesionados.

En 2017 se produjeron en Ecuador 28.967 siniestros de tránsito (79,3 por día o 2.413 por mes), que dejaron 2.153 fallecidos (5,8 por día o el equivalente a 179 por mes) y 22.018 lesionados.

La Fiscalía indaga la denuncia entablada por la ANT
Bolívar Burbano, fiscal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Previos, dijo que investigan el hackeo al sistema informático de la ANT. El objetivo es establecer responsables y qué personas se beneficiaron con la emisión de licencias fraudulentas.

“Se presentó una denuncia  de los representantes de la Agencia Nacional de Tránsito respecto a que se utilizaron programas externos para vulnerar las seguridades de su sistema, que alberga gran cantidad de información de ciudadanos sobre sus licencias, que tiene que ver con puntos, multas e infracciones”, señaló.

Considera que el delito se habría cometido entre diciembre de 2017 y enero de este año.

De acuerdo con el fiscal, los delincuentes son expertos en informática, pero lo que más se averigua ahora es si contaron con ayuda casa adentro en la ANT.

“Se vulneraron las seguridades del sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, a través de usuarios que manejaban internamente este sistema. Hackearon las cuentas, luego cambiaron las contraseñas y con el uso de programas externos se modificaron datos que le ocasionaron perjuicios al Estado y que hasta el momento llegan al millón y medio de dólares”, explicó.

Sobre el tiempo que les habría tomado a los delincuentes conocer el sistema y el lugar desde donde lo hicieron, Burbano manifestó que aún no tienen el dato, aunque, destacó, con el avance de la tecnología el delito del hackeo se lo comete desde cualquier parte del mundo y en cuestión de minutos.

“Es gente que tiene conocimiento en la parte de informática, en el área de computación”, remarcó.

El ciberdelito se habría facilitado debido a que los blogs de seguridad de la Agencia Nacional de Tránsito no dieron la alerta, caso contrario se habría evitado la emisión ilegal de las supuestas 15.970 licencias, las cuales -coinciden en señalar las  mismas autoridades y la Fiscalía- deberán ser revocadas en cuanto se tenga la información precisa.

“Fueron tan hábiles que pudieron evitar los blogs de advertencia”, manifestó Burbano.

De hallarse pruebas de algún grado de participación, los implicados afrontarán procesos judiciales de tipo penal, puesto que se hackeó el sistema informático de la ANT, una entidad que pertenece al Estado, a la vez que se emitieron documentos públicos falsos.

Por el momento se cruzan información y acusaciones
Hasta ahora no existen detenidos, pero tanto la Fiscalía como la Agencia Nacional de Tránsito cruzan información para establecer si los delincuentes informáticos contaron o no con la colaboración de algún funcionario de la institución.

Según un catedrático universitario experto en informática, quien pidió la reserva de su nombre, si bien la tecnología ha tenido avances importantes en los últimos años, de seguro en delitos como el hackeo los maleantes siempre cuentan con ayuda al interior de alguna entidad pública o privada.

“El conocimiento de las claves, la manera como realizan esta especie de transacciones, de seguro fueron avisadas por alguien que conoce el funcionamiento del sistema”, indicó el experto.

José Santamaría, gerente general de la cooperativa de transporte San Francisco, señaló que “es grave” la denuncia presentada por la Agencia Nacional de Tránsito sobre el hackeo de su página y que permitió el otorgamiento de licencias falsas, al igual que quitar puntos y dejar sin efecto las multas por infracciones.

“Cada uno es responsable de sus actos. En este caso a la Agencia Nacional de Tránsito el control que ameritan las seguridades informáticas. En lo referente al hackeo, la responsable es la misma ANT, pues se ve  que les faltó realizar los respectivos controles en los sistemas que ellos manejan”, aclaró.

Santamaría sostuvo que ellos periódicamente dan cursos de capacitación a sus afiliados y que ahora, debido a esta grave situación, se verán obligados a verificar los documentos, especialmente de quienes trabajan como choferes profesionales en el servicio público.

Dirigentes de otras cooperativas consultados por los Medios Públicos coincidieron en que harán lo mismo.

Expertos y dirigentes del transporte consideran que el problema obligará a la ANT a emitir un nuevo documento más actual, con mayores seguridades, constatando el lugar y época en que hicieron los cursos los diferentes usuarios que obtuvieron las licencias de conducir. (I)