Como un grave retroceso, calificó el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, la posibilidad de eliminar el denominado “error inexcusable”, que es la principal herramienta de sanción y destitución a jueces y fiscales que no han actuado correctamente en la aplicación de justicia.

Según el art. 109, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial, el “error inexcusable” o manifiesta negligencia, es una causa grave, por la cual la servidora o servidor de la Función Judicial puede ser destituido. Conforme el mismo código, el CJ es el organismo encargado de la aplicación.

Para algunos juristas, se ha hecho una mala aplicación del “error inexcusable”, sometiendo a los operadores de justicia a presiones indebidas, por lo que la ley debe ser reformada. Es más por esta razón un grupo de exjueces sancionados impulsó un posible juicio político al titular de la Judicatura, el cual no prosperó.

En diálogo con los Medios Públicos, Jalkh aclaró que el CJ es el organismo administrativo y disciplinario de la Función Judicial (FJ), el cual no reforma ni cambia sentencias, “incluso cuando se sanciona a un juez por error inexcusable, esa sentencia queda en firme hasta que otro juez la modifique o ratifique. El CJ no cambia sentencias, lo que sí hace es el control disciplinario”.

Tras señalar que en lo que va de este año, de las 360 quejas, denuncias y oficios ingresados por error inexcusable, que no es otra cosa que el error craso de derecho e injustificable, solamente cinco terminaron en sanción, con un universo de 2.083 jueces, lo que representa el 0,2%, estas cifras demuestran que no hay un uso indiscriminado.

“Plantean eliminar la figura, sería un gran retroceso, el error inexcusable fue creado para garantizar independencia judicial, porque un juez que actúa con error craso de derecho, con una interpretación absurda, afecta su propia independencia y la de la Función Judicial”, reiteró.

No obstante, Jalkh se pronunció de acuerdo con reformas legales, especialmente al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que entró en vigencia el 10 de agosto de 2014, porque ninguna ley está escrita en piedra y siempre debe ser evaluada.

“Nosotros  planteamos algunas reformas para mejorar el sistema procesal”, dijo.

Puntualizó que una de las modificaciones sería la posibilidad de que el denominado procedimiento abreviado no solo sea para los delitos sancionados hasta con 10 años de prisión, sino que también se acojan delitos con penas menores.

Plazas para 300 fiscales más

Para Jalkh, la transformación de la justicia en Ecuador es evidente luego de un proceso impulsado desde 2013, que incluyó incrementar los recursos, adentrarse en la modernización y tecnología, pero básicamente afianzar los valores.

Resaltó la importancia otorgada al recurso humano, aplicando un programa de fortalecimiento de la carrera judicial, con estándares éticos, con mejores sueldos, mejor infraestructura y desconcentración territorial.

Admitió que hay necesidades, como es la falta de fiscales en el país, “por lo menos tener unos 300 fiscales más a corto plazo”.

Sobre este tema ya se toman las acciones respectivas para proceder con la creación de estas plazas.

La situación es diferente en cuanto al número de jueces, porque contamos con el 12,42 por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio latinoamericano es de 11 por cada 100.000 habitantes. En fiscales el promedio es de 8 por cada 100.000 habitantes, pero nos encontramos en el 5,35%.

No hay exceso en la prisión preventiva

En forma categórica, el titular de la Judicatura negó que una de las causas del incremento de la población penitenciaria, de cerca de 12.000 personas privadas de la libertad (ppl) que había en 2012  haya pasado a 36.000 este año, sea el exceso de la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar por los jueces.

“No es verdad… los jueces no hacen deporte de la prisión preventiva, los fiscales tampoco, hay que ser categóricos en esto, son afirmaciones irresponsables”, dijo.

Precisó que la verdad es que antes el 70% de ppl no tenía sentencia y solo el 30% lo registraba, a diferencia de hoy en que el 30% no tiene sentencia y el 70%, sí.

Agregó que se rebajó considerablemente la caducidad de la prisión, “antes (2012) había 2.000 por año, hoy tenemos 3 o 4 por año y hay sanción, eso quiere decir que cuando hay prisión preventiva se llega a sentencia”. Y también se eliminó la impunidad.

No obstante, admitió que existe hacinamiento carcelario en niveles que bordean el 42%, lo que sigue siendo bajo en comparación con otros países, como Costa Rica con el 300%, Chile el 400%, “pero no podemos buscar soluciones de atajo, como abrir las cárceles para evitar hacinamiento, debemos dar seguridad ciudadana, debido proceso y poner el servicio público a nivel de la exigencia.

El funcionario indicó que en los casos de agresión sexual, en el ámbito de su competencia el CJ tomó medidas y lo seguiremos haciendo, especialmente en el campo disciplinario para que los operadores de justicia actúen correcta y diligentemente.

Puntualizó que es indispensable que este tipo de casos sea judicializado, porque cuando se lo hace normalmente llega a sentencia.

“En temas de delitos de agresión sexual antes el 30% de las audiencias en primera convocatoria fallaba y no se realizaba, hoy bajamos de 30% a 3%, con medidas procesales para que la audiencia se realice”. Insistió en que lo principal es que se judicialicen los casos.

La próxima semana Jalkh dijo que viajará a España para presidir la reunión preparatoria de la Cumbre Iberoamericana de Justicia 2018. (I)

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Abuso sexual

Aporte a consulta popular
→Sobre la pregunta relacionada al abuso sexual que contiene la consulta popular, convocada por el Ejecutivo, Jalkh dice que este tipo de delitos no debe prescribir y además agregar que se pueda juzgar en ausencia del acusado.  

→ 5 años está por cumplir Jalkh en el Consejo de la Judicatura. Fue designado para un período de 6 años.

Apoyo a reformas al COIP

→El Consejo de la Judicatura ya presentó su propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, donde se tramita la normativa legal.