Los delincuentes fingieron un operativo para sacar a una pareja de su vivienda y ejecutarla. Las víctimas estaban en una urbanización privada, pero los criminales entraron con engaño. A los guardias les mostraron una supuesta orden de allanamiento.

Este es uno de los casos que motivó una reunión entre representantes del Ministerio del Interior, Policía Nacional y de las empresas de seguridad privada para diseñar un protocolo.

Guillermo Rodríguez, subsecretario de Orden Público del Ministerio del Interior, explicó que por ahora hay un mecanismo alterno para que los guardias validen los datos de los operativos, pero no puede ser público porque los delincuentes lo sabrían.

Indicó que la Policía ya cuenta con protocolos de actuación y que en este caso lo que se busca es que los custodios lo conozcan y apliquen procedimientos propios.

Entre el 90% y 95% de las visitas realizadas en las urbanizaciones son preventivas, precisó Rommel Navarrete Delgado, comandante subrogante de Policía del Distrito Metropolitano de Guayaquil (DMG).

Esto significa que los coordinan previamente con los administradores. Cuando ingresan aprovechan para instalar botones de auxilio o chats comunitarios.

Aseguró que en estos casos no hay inconvenientes en esperar uno o dos minutos para que los guardias revisen y verifiquen la información.

“En los casos de investigación con la Fiscalía o en las acciones por delitos flagrantes determinaremos qué hacer. Lo que se decida lo difundiremos en los 12 distritos de la ciudad para que se cumpla obligatoriamente”, añadió.

Adicionalmente, manifestó que si algún ciudadano tiene duda de algún procedimiento puede llamar al ECU-911 y solicitar información.

Jorge Villacreces Guillén, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad (Anesi), diseñará “los protocolos para evitar que pseudopolicías y fiscales allanen”.

Agregó que además de  los mecanismos, se incorporará al pénsum de la formación de los guardias de seguridad cómo identificar una cédula falsa y a reconocer  credenciales originales de los agentes.

Juan Carlos Vivar Álvarez, quien acudió como delegado de Patricia Morejón, fiscal Provincial de Guayas, manifestó que  l Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que el fiscal es el encargado del operativo y siempre lleva la orden de allanamiento autorizada por un juez.

“Nosotros nos identificamos y llevamos la credencial cuando irrumpimos en un inmueble. Ahora estamos analizando la posibilidad para que el registro de fiscales también sea conocido en las urbanizaciones”.

Corresponsabilidad
Guillermo Rodríguez indicó que en Guayaquil hay 200 compañías de seguridad acreditadas, esto es el 30% de las que funcionan en el país.

Manifestó que el personal de estas compañías fue capacitado y cuenta con permisos para portar armas. “Debe existir una corresponsabilidad ciudadana de contratar empresas certificadas. Utilicen servicios  legalizados, porque si las personas no son  preparadas pueden perjudicarlos por falta de conocimiento en los procesos”.

En la página web del Ministerio del Interior se puede consultar la información de las empresas y guardias. (I)

Controles
Revisión en Compañías
Desde enero de 2018, el Ministerio del Interior registra - a nivel nacional- 187 procesos administrativos a compañías de seguridad privada. En siete se aplicaron sanciones, por ejemplo, porque el personal no tenía chalecos de protección.

12 empresas están en trámite administrativo por no tener permiso de operaciones vigente.

El 30% está en Guayaquil
El 30% de las empresas de seguridad registradas en Ecuador tiene su sede en la ciudad de Guayaquil.