Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México durante 14 años, 4 de los cuales fungió como presidente de la misma entidad, Genaro Góngora Pimentel podría aparecer como un hombre recto y justo, salvo el caso de que ante el reclamo de una pensión alimenticia por parte de su exesposa, movió sus influencias y logró que la privaran de su libertad durante 12 meses de manera ilegal.

La recomendación 32/2013 que emitiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno del Distrito Federal y a la Comisión de Derechos Humanos (Cdhdf) por violaciones a las garantías individuales de la expareja sentimental del exjuez, trae el caso de nuevo a la memoria de los mexicanos.

El pasado lunes 9 de septiembre, en sesión extraordinaria, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal acogió esta recomendación que, como punto principal, señala que “con la actuación de estos funcionarios (los jueces en los que influenció Góngora) se configura un tipo de violencia contra la mujer al revictimizarla por exigir esa retribución para sus hijos, lo que constituye una violación de las leyes y tratados internacionales que tutelan los derechos humanos”.

Góngora asegura que entregó una casa, un automóvil y un seguro médico para sus dos hijos autistasEl caso se remonta a  2011, cuando Góngora, hoy de 77 años, se valió de sus influencias para reducir los gastos de esparcimiento de los niños, argumentando que “por su edad y su enfermedad” -ambos son autistas- se ven “imposibilitados para divertirse”, explicó el abogado de la exesposa.

El exjuez de la Corte Suprema tiene una jubilación de unos 30.000 dólares al mes, y en su divorcio se había fijado el pago de un tercio de ese monto para la manutención de su exesposa y sus hijos, pero Góngora consiguió reducir a 4.000 dólares mensuales sus obligaciones. ¿Cómo lo hizo? Aseguró que su exesposa vivía en una zona popular de estatus social medio bajo, por lo que no requería de 10.000 dólares.

Ante esa postura, para bajar el 35% que se le había obligado a pagar como pensión, el exministro calculó que lo correcto era otorgar un gasto de 12.818 pesos (aproximadamente 982 dólares) mensuales por cada niño. A eso le sumaban los cerca de 2.000 dólares mensuales para su expareja.

DATOS

A finales de junio pasado, el ministro en retiro, Genaro Góngora, fue demandado otra vez por pensión alimenticia, pero en esta ocasión por Rosalba Becerril Velázquez, exmagistrada del Poder Judicial Federal.  

Según Becerril, tuvo dos hijos con Góngora, uno de ellos nació el 24 de junio de 1996 y una hija más el 20 de febrero de 2006, de ambos tuvo que hacerse cargo ella sola. Además, dice que él nunca ha dado ningún tipo de servicio médico a sus hijos.

Becerril argumentó que el ministro en retiro es una persona solvente para cubrir sin problemas la pensión alimentaria, pues cuenta con una jubilación 100 por ciento de sus ingresos como ministro, catedrático y escritorY para completar, Góngora envió a su exesposa a la cárcel. El exmagistrado denunció entonces que Ana María Orozco adquirió, gracias, en parte, al aporte económico de él, una propiedad  que puso a su nombre en lugar de registrar como dueños a sus hijos, menores de edad.

El abogado de la mujer explicó que legalmente es imposible poner una propiedad a nombre de dos niños.

Todo hubiera pasado al olvido del conocimiento público, de no haber sido por tratarse del expresidente del máximo tribunal legal del país.

El caso se dio a conocer cuando Margarita Castillo -abuela de David y Ulises, los hijos de Góngora Pimentel- aseguró que el exministro le ofreció dinero para que declarara en contra de su hija, Ana María.

Además, después de haber sido encarcelada y expuesta a vejaciones, la mujer tuvo que pasar por el intento de Góngora  de, ahora sí, hacerse cargo de sus hijos y apelar su libertad.

La investigación relata que el 25 de junio de 2012, él exigió la custodia de sus hijos que durante seis años no había peleado.

Sin embargo, ante la denuncia de la madre de Ana María Orozco el caso se revisó y en junio de este año, por orden de un juez penal, la mujer dejó la cárcel de Santa Martha Acatitla, donde permaneció un año, acusada de “fraude genérico”.