El juez de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, aceptó la petición del fiscal Carlos Baca Mancheno y vinculó al vicepresidente, Jorge Glas, en el caso Odebrecht. Además se le prohibió salir del país.    

La decisión la tomó luego de escuchar los alegatos del Fiscal, quien además solicitó implicar a otras 10 personas en el caso que investiga por el delito de asociación ilícita debido a las coimas entregadas por Odebrecht a funcionarios ecuatorianos a cambio de contratos

La diligencia, a la que no asistió Glas, se inició ayer a las 08:52. El Vicepresidente fue representado por sus abogados, Vicente Peralta y Eduardo Franco Loor.

Antes de que iniciara la audiencia, el Fiscal solicitó que fuera retirado del estrado el político César Montúfar quien, junto a su abogado, Julio César Sarango, se ubicó en la mesa de la parte acusadora.

Baca mencionó que al ser un caso iniciado de oficio por un impulso de la Fiscalía, el 22 de diciembre de 2016, Montúfar no podría ser considerado parte procesal, aunque haya presentado una denuncia, pues esto acarrearía que en la siguiente etapa se reclamara la nulidad debido a la presencia de personas que no tienen nada que ver con la indagación, por este motivo el juez pidió a Montúfar que se retirase al área donde estaba el público.

Resuelto el incidente se instaló la audiencia, que empezó con la explicación de Baca sobre la presunta participación del Vicepresidente en la trama de corrupción que montó Odebrecht en el país.

Al respecto indicó que existen ocho indicios de convicción que hacen presumir a la Fiscalía la posible participación del Segundo Mandatario, entre ellas, tres audios de vídeos, uno de los cuales fue grabado por José Santos, máximo directivo de Odebrecht en Ecuador.

Allí se muestra la conversación con Ricardo  R., tío de Glas, quien le dice: “Ok, hasta ahora JG no está en el país(...), te va a recibir el martes, ya hablé con él”.

El Fiscal explicó que las transcripciones las sacaron peritos, en cadena de custodia de la memoria entregada por Odebrecht, en base al acuerdo de cooperación eficaz que suscribieron con la Fiscalía.

Esto condujo a implicar también al excontralor Carlos Pólit quien, en otras grabaciones, hace referencia a que su tarea consistía en desvanecer glosas en contra de Odebrecht, así como elaborar informes favorables de los contratos realizados por la empresa, a cambio de dinero.

Baca enfatizó en su intervención que otro factor que permitió configurar el delito de asociación ilícita fue el descubrimiento de un banco con oficinas en Quito que facilitó la transacción de $ 150 millones de forma supuestamente ilícita.

Sobre Ramiro C. el fiscal señaló que como exgerente de abastecimiento de Petroecuador habría recibido dinero por la suscripción del proyecto Pascuales-Cuenca y utilizó a la empresa offshore Blackmouth para extraer los recursos.

En el caso de Ricky D. habría intermediado pagos de coimas a través de la offshore Fernhead Holding, constituida por Mossack Fonseca en Panamá.

Las indagaciones fiscales identificaron que José Santos, directivo de Odebrecht en Ecuador, entre 2010 a 2016, entregó registros de pagos ilegales. En total, Fernhead habría recibido más de $ 3,9 millones. Esta empresa de papel tendría conexión con Telconet.

Baca señaló en la audiencia que en esta dinámica también se habría insertado Diego C., quien regentaba la offshore Alesbury, igualmente en Panamá, la cual, de la misma manera, tramitó los recursos de los sobornos de Odebrecht.

El Fiscal aseguró que también tienen participación directa los exfuncionarios de la empresa estatal de petróleos de Venezuela (PDVSA), Alexis A. y Fredy  S., quienes intervinieron en la adjudicación de contratos, por eso fueron vinculados. Ellos ya no se encuentran en el país.

Asimismo, el Fiscal sindicó en la indagación a José Conceição Santos, Claudemir Simoes, Ricardo Vieira y Mauricio Grossi, exdirectivos de Odebrecht en Ecuador, quienes habrían admitido la entrega de sobornos en 12 países.

Al final de la exposición Baca indicó que los integrantes que impulsaron la red de corrupción serían el excontralor Carlos P. (prófugo en Estados Unidos), por quien pidió arresto domiciliario y la colocación del dispositivo electrónico de seguridad (son medidas cautelares porque es mayor de 65 años); Ramiro C., Diego C., Ricky D., y los exfuncionarios de PDVSA, Alexis A. y Freddy S.  

El Fiscal explicó que a pesar de que los cuatro directivos de Odebrecht en el país están sindicados no pidió medidas cautelares porque están bajo el acuerdo de cooperación eficaz que firmaron con la empresa.

El juez Jurado aceptó la petición y ordenó la continuación de la instrucción fiscal, que se extenderá por 30 días a partir del 1 de septiembre, al final de lo cual convocará a la audiencia preparatoria de juicio, donde el Fiscal indicará a quiénes llamará a juicio.  

Al conocer las medidas cautelares levantadas en su contra, el segundo mandatario, Jorge Glas, manifestó que su pasaporte está bien guardado. “No he pensado en usarlo. He dado la cara siempre, no tengo nada que ocultar. Los que acostumbran a huir son otros que hoy se creen jueces de la moral pública”. (I)

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