Bajo la dirección del Tribunal de Apelaciones de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, integrado por los jueces Miguel Narváez (ponente), Carlos Figueroa y José Jiménez, ayer se instaló la audiencia de apelación a la sentencia condenatoria que pesa sobre 16 procesados, acusados del presunto delito de cohecho en el caso de corrupción en Petroecuador.

En este proceso penal, 10 personas fueron encontradas culpables en calidad de autoras del delito investigado y sentenciadas a 5 años de prisión, entre ellas Carlos P. Y. y Álex B., ambos exgerentes de Petroecuador. A los restantes seis procesados se los sentenció como cómplices a una pena de 2 años 6 meses de privación de la libertad.

Esta sentencia fue apelada por las partes y la Fiscalía también apeló el fallo absolutorio del Tribuna Penal por el cual se ratificó el estado de inocencia de Javier Baquerizo y Fabricio Yannuzzelli.

En la diligencia que se inició a las 09:00 de ayer y que luego de un receso de una hora se reinstaló y continuaba hasta el cierre de esta edición en el piso 11 del Complejo Judicial Norte, en Quito, a la que solo acudieron los abogados defensores, el primero en intervenir fue el fiscal del caso, Juan Carlos Zúñiga.

En una hora explicó la forma cómo operó la red de corrupción y la actuación de cada uno de los procesados, e insistió en que se tomen en cuenta algunos agravantes que presentó la fiscalía para que se incrementen las penas.

Tras la intervención, el juez ponente permitió la réplica de los abogados de los procesados, quienes, de uno en uno, dijeron que en primer lugar y antes de argumentar la apelación de la sentencia se debe resolver la nulidad del proceso.

David Vaca, abogado de Glenda M., reclamó la nulidad del proceso porque, según el Fiscal, en el supuesto delito hubo transferencias realizadas en el 2011, cuando aún no estaba en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP), sin embargo se utilizó el COIP para el proceso.

Diego Velasco, abogado de Álex B., precisó que el Fiscal no ha fundamentado el recurso de apelación y que demanda la nulidad porque se han realizado varios cambios en los tipos penales en las acusaciones que se presentaron por parte de la Fiscalía.

A su vez, Reinaldo Zambrano (foto), abogado de Carlos P. Y., pidió la nulidad del proceso porque hay una violación al principio de legalidad al debido proceso. Explicó que se trata del dictamen abstentivo que emitió el fiscal Jacinto Timbalombo, el cual nunca fue notificado a los abogados de los procesados y sin embargo consta en el proceso. (I)