Cuenca.-

Un presunto tráfico de influencias al interior de la Empresa de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado (Etapa), sumió en una profunda crisis a esta la empresa municipal insigne de Cuenca, la cual tiene 49 años de funcionamiento.

Tras la audiencia de formulación de cargos, el lunes anterior, el gerente de la empresa, Iván P., quedó detenido. Bajo proceso de investigación se encuentran el gerente de Agua Potable, Carlos F. y subgerente de infraestructura, Jason E. quien se suma a otras tres personas particulares ajenas a la institución pública.

El pasado 22 de marzo, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) presentó en la Fiscalía de Azuay una denuncia en contra de funcionarios de la empresa Etapa. “Una vez que la información es bien procesada y documentada, actuamos inmediatamente, queremos que quienes están implicados sean judicializados y luego tener la sentencia respectiva”, anunció entonces el director general del Sercop, Santiago Vásquez.

El tema centro de la denuncia fue el proyecto de ampliación de la Planta Potabilizadora de Tixán por un valor de $ 10’666.209. Fue firmado a inicios de este año y está a cargo del Consorcio Delcon Consfercor, aunque este, según Vázquez, no sería el único caso del supuesto tráfico de influencias.

El director de la Sercop contó que el gerente de Agua Potable, “abusando de su posición entregó contratos a sus familiares directos, ya sea participando de manera directa o en consorcios y esto va en contra de la legalidad de la contratación pública”.

Agregó que “este personero lo que hacía era subrogar el cargo de tal manera que no aparecía como familiar directo, un acto de corrupción consumado”.

En la denuncia también se indica que el primo de un funcionario de alto rango de Etapa recibió siete contratos a título personal por $ 3,91 millones y otros cuatro a través de consorcios de los cuales es socio, por $ 14,18 millones adicionales.

El viernes 12 de mayo, tras la denuncia, la Fiscalía de Azuay intervino las oficinas de Etapa. Computadores y documentos fueron revisados dentro del procedimiento de investigación.

El representante de la Sercop, tras la audiencia de formulación de cargos, explicó: “ayer se dio un golpe muy importante contra la corrupción. El gerente general de la empresa Etapa fue puesto en prisión preventiva y cuatro personas más han sido prohibidas de salir del país”. Acotó que “el Sercop ha sido firme en construir los casos de las denuncias ciudadanas en temas de contratación pública”.

“Lo que se descubrió era que este gerente había entregado contratos por $ 10 millones a sus propios familiares cercanos, en específico a un tío y un sobrino”, insistió.

Aseguró que en este año “se ha puesto tras las rejas a 13 personas, se han desarticulado tres bandas de corrupción en contratación pública y, en este caso, hay medidas cautelares para otros cuatro ciudadanos implicados”.

El funcionario destacó que han recibido un conjunto de alertas ciudadanas sobre procesos de contratación “y sobre eso hemos armado casos que se van presentando a diferentes instancias de control”.

La empresa Etapa en un último comunicado firmado por el gerente que ahora está detenido informó  su preocupación ante la afectación que se le ha generado a la empresa “con intenciones evidentemente políticas”. Pidió un proceso judicial ético e imparcial por parte de los organismos de control.

Concejal se suma a las denuncias

A inicios de mayo, el concejal Cristian Zamora, miembro de la Comisión de Fiscalización del Concejo Cantonal de Cuenca, denunció también supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de la empresa municipal.

Mencionó dos, que según él, alcanzan el monto aproximado de $ 20 millones y también están relacionados con la ampliación de la planta de Tixán y la rehabilitación del Canal del Machángara. Esta última obra, según Zamora, fue desvinculada del caso porque el contrato fue dado de baja en las últimas semanas.

De acuerdo con las investigaciones del concejal, Etapa habría realizado un proceso de licitación denominado Lico-Etapa-05-2016, para la ampliación de la planta de agua potable de Tixán, en Cuenca. El 17 de enero de 2017 se adjudicó el contrato por un monto de $ 9’642.459,30 al consorcio Delcon-Consfercor.

Al efectuarse la licitación se habría violentado lo dispuesto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en sus artículos 62 y 63, se refiere a la prohibición de suscribir contratos con parientes de hasta el cuarto grado de consanguinidad.

La planta de tratamiento de agua potable, ubicada al norte de la ciudad, busca incrementar la dotación de  1.100 litros a 1.940 litros de agua por segundo. También dentro de los proyectos de la empresa Etapa se ejecutará la conducción Saymirín-Tixán, que incluye el entubamiento del canal del Machángara, una obra que está pendiente desde hace 18 años y cuyos estudios están concluidos así como la fase de socialización con la comunidad que era el principal inconveniente.

Estas obras, cuya entrega está prevista para finales de 2018, son importantes para garantizar el suministro de agua para los cuencanos hasta 2045.

De acuerdo con los estudios de la empresa municipal, en el año 2045, el 70% de los habitantes de la ciudad tomará el líquido vital proveniente de las fuentes de captación del río Machángara, cuya cuenca se encuentra regulada y controlada mediante un sistema de represas que opera Elecaustro para aprovechar la generación de energía eléctrica, que luego es distribuida al país entero.

De igual manera se cree que para esa fecha, la ciudad de Cuenca pasará del millón de habitantes, razón por la cual se necesitan nuevos proyectos de servicios básicos en beneficio de la ciudadanía.  (I)

DATOS

El alcalde de Cuenca Marcelo Cabrera se encuentra en Londres y ha señalado que suspenderá sus actividades en el exterior y regresará a Cuenca a la brevedad posible.

El concejal Zamora que también hizo las denuncias sobre ETAPA indicó que tras las declaraciones, las autoridades debían haber parado el proceso de contratación y evitar todos los problemas judiciales.

Lo que hemos hecho es velar porque haya equidad en los procesos y entrega de contratos para todos los ciudadanos, además porque el dinero es de todos los cuencanos, indicó Cristian Zamora.

En la formulación de cargos los abogados de la parte acusada (ETAPA) dijeron que existe una persecución política hacia la actual administración ya que los contratos fueron entregados siempre apegados a las disposiciones legales. (I)

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Gerente pretendía salir del país con rumbo a EE.UU.

El juez de la Unidad Penal de Cuenca, José Peralta, en la tarde del lunes, a las 18:20, dictó prohibición de salida del país y prisión preventiva para el ciudadano Iván P., gerente de la empresa Etapa de Cuenca, por supuesto tráfico de influencias.

Además se dictaminó la enajenación de bienes, entre ellos un vehículo Terracán e inmuebles. Inmediatamente se dio parte a la Policía a nivel nacional para su detención.

Paúl Vázquez, a nombre de la Fiscalía, dijo ayer que Iván P. estaba en los filtros de salida del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en la ciudad de Guayaquil, para emprender viaje hacia Estados Unidos.

Aparentemente el ahora exfuncionario de Etapa, fue notificado por algún conocido que se había dado la orden de captura, entonces trató de salir del terminal aéreo, pero fue detenido y trasladado hasta Cuenca. Allegados al exgerente dijeron que hubo un pedido para que no sea trasladado al Centro de Rehabilitación de Cuenca, sino a la cárcel de Azogues, situación y solicitud  que hasta ayer no se había receptado.

El juez  Peralta dio la orden luego de que la Fiscalía presentó, a mitad de la audiencia, un parte emitido minutos antes por la Policía que daba cuenta de una posible salida del país hacia Miami.

El jurista Jorge Morales, defensor de la empresa azuaya, indicó que no hay indicios suficientes para tomar esta determinación contra el gerente Iván P. (I).