Cuenca.-

El fiscal a cargo del ‘caso Etapa’, Luis Hidalgo, llamó a audiencia preparatoria de juicio a seis personas involucradas en un supuesto tráfico de influencias dentro de la Empresa de Telefonía, Agua Potable y Alcantarillado, (Etapa) de Cuenca.

Entre los convocados constan dos contratistas, un funcionario, un subgerente y dos gerentes de la empresa pública.

Previamente a esta decisión la Fiscalía Provincial del Azuay dio por cerrada la etapa de instrucción fiscal. El caso estalló por las presuntas irregularidades en la entrega de un contrato de ampliación de la planta de Tixán, situada en las afueras de Cuenca por parte de la empresa municipal Etapa. La audiencia está prevista para un plazo máximo de 15 días.

El fiscal provincial Adrián Rojas, en anteriores ocasiones, aclaró que será Hidalgo quien informe sobre avances en las investigaciones y si el tema amerita el llamamiento a la audiencia preparatoria de juicio. O por el contrario si se abstiene de formular una acusación lo que conllevaría el archivo de la denuncia presentada por el Servicio de Contratación Pública (Sercop).

“Somos respetuosos del fiscal y apoyaremos el criterio jurídico basado en derecho en torno al proceso de investigación que se ha desarrollado sobre la base de este tema”, aclaró Rojas.

El detalló que la investigación recabó evidencia documental, testimonial y física en torno a la adjudicación del contrato y según eso el fiscal Hidalgo definió su criterio.

Desde marzo se investiga el hecho

El Sercop, a través de su anterior director, Santiago Vásquez, presentó este mismo año una denuncia para que se investiguen presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato por cerca de $ 10 millones. La obra fue otorgada a un consorcio cuyos socios guardan supuestamente relación de parentesco con el ahora exgerente de la dirección de Agua Potable de Etapa, Carlos F.d.C.

En la denuncia se mostró cómo los presuntos implicados, el exgerente de la empresa municipal, Iván P.; el exgerente de agua potable Carlos F. d. C.; el funcionario Jason E.; el exfuncionario Santiago C. V. y dos contratistas tenían presuntos vínculos familiares con uno de los investigados.

Según datos de la Fiscalía, desde marzo de este año se investiga el presunto delito de tráfico de influencias cometido en la empresa municipal Etapa.

En junio se inició la fase de instrucción fiscal que debía finalizar el 11 de septiembre, pero esta se extendió un mes más por pedido del fiscal a cargo.

La investigación surge de un contrato celebrado el 17 de enero de 2017 entre la empresa cuencana y un consorcio particular por $ 9,64 millones para la ampliación de la planta de agua potable de Tixán y en el que, según la hipótesis inicial de la Fiscalía, habrían incidido los procesados.

“Nosotros tenemos toda la convicción de que hay elementos suficientes como para debatir sobre la presunción de inocencia de los vinculados en el caso y fortaleceremos nuestra investigación al respecto”, anticipó el fiscal provincial Adrián Rojas.

Dentro de este caso, el ahora exgerente de la empresa Etapa, Iván P., fue detenido en el aeropuerto de Guayaquil el 13 de junio de este año, para las investigaciones. Supuestamente el funcionario trataba de abandonar el país en ese preciso momento.

El directorio de la empresa municipal nombró a Boris Piedra en su reemplazo y recién hace 15 días se le dio el nombramiento. (I)