Fuga de conductores eleva los casos de impunidad
Al menos el 70% de los accidentes de tránsito en Guayas, en los cuales los conductores se dan a la fuga, no es resuelto por las autoridades. Esto debido, según lo atribuye el juez Quinto de Tránsito, Carlos Morales, a la falta de equipos técnico-científicos que permitan realizar las respectivas pericias accidentológicas.
De acuerdo al criterio del judicial, el Ecuador está atrasado unos 30 años en relación a otros países de la región, donde las fiscalías sí logran determinar, en un alto porcentaje, el vehículo y el conductor -autor del accidente- que se ha dado a la fuga.
Las estadísticas de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) señalan que en lo que va del presente año, de un total general de 5.004 accidentes reportados, en 760 casos el vehículo causante no fue identificado, lo que equivale al 15%; y de esta cifra, solo en un 30% de los casos (228) se inicia una causa penal, según el fiscal de Tránsito, Ángel Lema.
El representante de la Fiscalía confirmó que muchos de los atropellamientos quedan en la impunidad, porque es difícil identificar y dar con el paradero de los vehículos “fantasmas”.
Sin embargo, se logra identificar un mínimo porcentaje, explicó el funcionario, cuando el personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) concurre al lugar de los hechos para tener contacto con las personas que estuvieron en ese momento y obtener información de las placas de los vehículos y sus características.
Resaltó que el trabajo se facilita en los sectores donde hay las cámaras “ojo de águila”, mediante las cuales la Fiscalía solicita copias de los videos y las remite al Departamento de Criminalística de la Policía Judicial para que realicen la transcripción de las imágenes para identificar al posible vehículo causante del accidente.
Por su parte, Guillermo Barzola, jefe del Departamento de Educación Vial de la CTE, indicó que peritos especializados realizan la investigación técnica para identificar al vehículo y una vez detectado gestionar ante los operadores de justicia la respectiva orden de aprehensión. “Cuando ya esté aprehendido el carro, obligatoriamente tiene que comparecer el dueño o propietario del vehículo, ese es el medio que utilizamos para identificar a los vehículos y a las personas responsables”.
Lema manifestó que la mayoría de los conductores piensa que con abandonar el lugar del accidente solucionará el problema, lo que resulta contraproducente. “De alguna forma agravan la situación porque esa circunstancia está tipificada en la Ley Orgánica de Tránsito; pero prestar ayuda a los heridos y colaborar con las autoridades son, en cambio, circunstancias atenuantes”.
Mientras tanto, el juez Morales enfatizó que es necesario implementar un laboratorio de criminalística exclusivo para este fin, dentro del cual exista una plataforma para realizar análisis espectográfico y de control de huellas recogidas del vehículo (labrado de llantas y rastros de frenado).
“En teoría técnico-científica se debería resolver los casos, pero siempre y cuando hayan equipos tecnológicos adecuados, sino difícilmente se resuelve ese problema, a menos que el fiscal tenga suerte Hace años, cuando iniciábamos los auto cabezas de proceso, jamás se logró determinar el vehículo, peor la identidad del conductor”, dijo.
Alberto Pizza, abogado especialista en temas de tránsito por más de 12 años, manifestó que cuando el autor del atropello no es identificado, no hay ninguna posibilidad de querella penal, pues el sujeto activo no existe y el resultado de todo eso es la más total y absoluta impunidad en materia de tránsito.
Aclaró que “la víctima queda sin nadie a quien demandar judicialmente por estos daños y perjuicios, tales como el daño emergente o el causado por los gastos de rehabilitación, hospitalización, incapacidad y fármacos; el lucro cesante que es dejado de percibir en virtud del accidente, los días no trabajados o los sueldos no percibidos y el daño moral”.
No obstante, el Art. 227 de la Ley Orgánica de Tránsito contempla el Fondo de Accidentes de Tránsito (Fonsat), que se destina para atender a las víctimas, transportadas y no transportadas, y deudos de las mismas en accidentes ocasionados por vehículos no identificados o sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
Para reducir el nivel de impunidad, Barzola informó que la CTE capacita en materia de tránsito a ciudadanos para convertirlos en “vigilantes barriales”, quienes tienen la consigna de notificar de cualquier hecho que pueda conllevar a esclarecer un atropello causado por sujetos inidentificados.