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El Telégrafo
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Con información obtenida la Fiscalía se alista para acusar en el caso “Secom”

Nueve personas están vinculadas en este caso. Fernando  A., es el principal investigado.
Nueve personas están vinculadas en este caso. Fernando A., es el principal investigado.
Foto: Cortesía Fiscalía General del Estado
30 de noviembre de 2018 - 00:00 - Redacción Justicia

Este viernes 30 de noviembre concluye la instrucción fiscal o plazo para que la Fiscalía investigue el presunto cometimiento del delito de peculado en la Secretaría de Comunicación (Secom), caso en el que están vinculadas nueve personas.

La pericia de la información entregada por Pablo Y. y la de Carlos B., dos de los procesados; definir la fecha para que se recepte un testimonio anticipado; y la audiencia para evacuar el recurso de apelación a la prisión preventiva que pesa contra los vinculados, son temas que están pendientes.

Luego de concluida la instrucción fiscal, corresponde a la Fiscalía evaluar la información recabada en la fase investigativa y preparar su dictamen acusatorio o abstentivo, que lo expondrá en audiencia ante la jueza del caso, Sylvia Sánchez, en fecha por definir.  

El 31 de octubre pasado la jueza vinculó al caso, en el que solo estaba procesado Fernando A., extitular de la Secom, a Pablo Y., Marco B., Galo P., Javier L., Vanessa S. y Juan Ch., exfuncionarios de esta secretaría. También se vinculó a Carlos B. y Beatriz V., proveedores de la Secom.

Según Diego Chimbo, abogado de Galo P., la instrucción fiscal de 90 días se inició el 9 de agosto cuando fue detenido y procesado Fernando A., pero de acuerdo a la ley, el plazo se amplió por 30 días cuando fueron vinculadas las ocho personas anotadas.

Es decir, desde el 31 de octubre corrieron los 30 días, por lo que este viernes 30 de noviembre termina la instrucción, “y es el último día para practicar prueba alguna en el proceso”, sostuvo.

José Charry, abogado de Carlos B., indicó que esperan que de inmediato se realice la pericia a las 600 páginas con correos electrónicos que fueron entregadas por su cliente.

Carlos Soria, abogado de Javier L., explicó que no existen elementos que puedan comprobar que su defendido cometió delito alguno. (I)

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