Debido a presuntas irregularidades detectadas en la concesión del Puerto de Aguas Profundas de Posorja, en la provincia de Guayas, a la empresa DP World, la Fiscalía inició una indagación previa.

La investigación dispuesta por la fiscal general (e), Ruth Palacios, es por presunto tráfico de influencias, informó el denunciante, Carlos Figueroa. 

En la denuncia penal, de 29 páginas que presentó el mes pasado en la Fiscalía, se pide investigar a 24 personas. Entre ellas al expresidente de la República, Rafael Correa, y el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

Además, autoridades y exfuncionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Autoridad Portuaria de Guayaquil, Senplades y Subsecretaría de Puertos.

También a empresarios privados, como Isabel Noboa, directiva de Nobis, el representante de DP World, Michael Bentkey, quien suscribió el contrato.

Según Figueroa, el contrato de Posorja fue entregado a dedo, ya que no hubo un concurso, por lo que supuestamente se violó la ley.

Aseguró que existió transferencia de dinero, afectación ambiental y que tal como se firmó el contrato se generaría un monopolio portuario en el país, en desventaja para Manta y Puerto Bolívar.

Luis Fernández, abogado de Figueroa, manifestó que en este caso también existen indicios de otros delitos, como peculado, concusión y enriquecimiento ilícito.

A decir de Fernández, Juan Carlos Tarré, quien sería socio de Alexis Mera, habría recibido un depósito de medio millón de dólares que no tendría justificación.

Tras afirmar que la concesión se manejó directamente desde la Presidencia de la República, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, dijo que hay muchas cosas por aclarar. Como ejemplo puso que por esta concesión el Estado solo recibirá el 5%, mientras que el 95% se queda con la contratista. El monto de la obra es $ 1.200 millones, precisó.

Aseguró que en la concesión habría un perjuicio económico, cuyo valor debe ser calculado en el tiempo, además hay daños ecológicos irreparables. “Correa sabía del tema desde el inicio”, añadió García.

Advirtieron que la denuncia se presentará también ante la Superintendencia del Poder del Mercado y la Procuraduría para la interposición de las acciones correspondientes que incluya la revisión de los procesos.

En junio de 2016 la firma dubaití recibió la concesión de 50 años por parte del Estado para construir y operar el puerto con una inversión total de $ 1.200 millones.

La obra arrancó en julio de 2017 y se calcula que empezará a funcionar en el segundo semestre de 2019.  

Esta es la segunda demanda que se ha presentado en los últimos dos meses sobre la construcción del puerto en Posorja.

El 7 de febrero pasado, Xavier Flores y Wladimir Tene presentaron una acción de protección en contra del Ministerio del Ambiente por una mínima diligencia en la protección de la naturaleza, cuando se otorgó la licencia ambiental a DP World.

El 22 de febrero, y tras ser aceptado a trámite de la Acción de Protección Constitucional presentada en contra del Ministerio del Ambiente, la jueza Ángela Núñez rechazó el pedido. (I)