Un equipo de la Fiscalía General del Estado atendió las denuncias por el paro nacional que se realizó entre el 3 y el 13 de octubre de 2019.

El organismo investigó 823 causas por posibles delitos contra el derecho internacional humanitario y contra la seguridad pública. De ese número, 269 casos fueron por daño a bien ajeno, 211 por paralización de servicio público; 112 por ataque o resistencia y 231 causas por otros delitos.

Ese fue uno de los resultados que destacó la fiscal general Diana Salazar, durante su informe de labores de 2019 que presentó en la Asamblea Nacional.

En 35 minutos, la funcionaria resumió su gestión que la cumplió desde su posesión (8 de abril) hasta el 31 de diciembre de 2019.
Otra de las labores que resaltó fue sobre la lucha contra la corrupción.

Salazar informó que se investigaron 669 casos. De ese universo, 643 están en investigación previa; 17 en instrucción fiscal y nueve con sentencia, mientras que tres están pendientes de lectura.

Advirtió que hay 69 casos de mayor “conmoción social”. Entre ellos se encuentran Odebrecht, Petroecuador, Singue, Petrochina, Sobornos 2012-2016 y otros.

Los delitos de crimen organizado también fueron indagados. De 115 casos, 89 están en investigación previa; 18 bajo instrucción fiscal y hay 188 procesados, de los cuales 57 recibieron sentencia y 27 fueron llamados a juicio.

María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), también presentó su informe y se enfocó en el combate a la corrupción.

Dijo que se implementaron políticas y procesos internos como fue el caso de la construcción del palacio de Justicia de Azuay y el caso Gamboa, relacionado con usurpación de funciones.

También se iniciaron exámenes especiales en torno a los complejos judiciales de Quito Norte, El Empalme y Durán. Además destacó la evaluación realizada a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). (I)