Uno de los principales objetivos de la incorporación de protocolos de actuación, en delitos cometidos contra la mujer, es romper con el círculo de la impunidad y lograr una sociedad libre de violencia.

A lo largo del proceso de elaboración del documento se han recibido aportes de los 21 países que conforman la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp).

El intento de homicidio o femicidio no se puede confundir con delitos de  lesiones.

La representante del Ministerio Público de España, Carmen de la Fuente, explicó que en este proceso ha culminado la primera fase que consistió en elaborar el documento luego de lo cual se iniciará la etapa del proyecto para la implementación de los protocolos al marco interno de cada fiscalía.

Desde julio se está realizando un trabajo intenso en todos los países para encontrar mecanismos de contacto y de coordinación entre las Fiscalías, Cortes Supremas de Justicia y otros ministerios como Salud y Educación, pero fundamentalmente la Policía, para conseguir ese abordaje integral en la materia.

La funcionaria destacó el trabajo de Ecuador por ser el primero del grupo en haber firmado un compromiso de colaboración entre la Fiscalía General, Ministerio de Justicia y Secretaría de la Mujer, quienes han diseñado el plan de trabajo que se llevará a cabo este mismo año, “lo cual colaborará especialmente en toda la línea de atención a las víctimas, investigación y coordinación”.

El protocolo pretende ser un marco de referencia para los países iberoamericanos, que pueda ser implementado y adaptado a la realidad de cada nación.

Durante la elaboración del proyecto se tomaron en cuenta los estándares internacionales en la lucha contra la violencia de género y se han seguido las indicaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) así como las de los estados miembros.

El protocolo se centró únicamente en la forma más habitual de violencia contra las mujeres ejercida en el marco de las relaciones de pareja, así como en las familiares.

Por tal motivo dejó fuera todas las formas de violencia públicas, es decir la sexual, laboral, desapariciones forzosas y un fenómeno muy importante que se presenta en algunos de los países, la violencia política contra las mujeres líderes representantes de comunidades y que por el hecho de ser mujeres están recibiendo formas de persecución.

De la Fuente señaló que estas manifestaciones de agresividad necesitan de un tratamiento específico de atención a las víctimas, por lo que invitó al Aiamp a tomar en consideración la posibilidad de realizar un trabajo específico de protocolización similar al de ‘violencia en el marco de relaciones de pareja pero que se centre más en esas formas de violencia pública que sin duda están adquiriendo importancia y dimensión en la región’.

El reglamento pretende como elemento fundamental incorporar la perspectiva de género en la investigación de los delitos e incluso transformar el propio seno de las fiscalías, favorecer básicamente la creación de instituciones especializadas y la preparación de los representantes de los ministerios públicos, estableciendo sistemas de capacitación inicial y continuada de los integrantes.

También incorpora mecanismos de asistencia a la víctima a lo largo de todo el proceso de investigación y coloca a la misma en el centro de la atención propiciando una mejora en el contexto social. Además, hace referencia a la delicadeza con la que se tratan las necesidades del afectado, para que se respeten sus derechos.

De igual manera se valoran los riesgos de los perjudicados en el proceso, lo que implica la emisión de medidas de protección o cautelares para prevenir otros delitos y que las fiscalías garanticen ese cuidado hasta el final.

El protocolo establece un criterio de no recurrir a salidas alternativas que pudieran minimizar la violencia ejercida contra la mujer o que puedan someterla a obligaciones específicas con la supuesta intención de hacerle restablecer la paz y la unidad familiar, por ello recoge medidas de no mediación o no conciliación en casos de violencia de género y establece criterios como la suspensión condicionada del proceso.

Este es un documento extenso que acapara todas las propuestas y recomendaciones de los fiscales desde sus perspectivas, incluso con modelos de denuncias para mejorarla y adaptarla en cada país.