Al menos 60.000 documentos componen la investigación en Ecuador respecto al caso de corrupción que implica a Odebrecht. Así lo reveló ayer el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, quien compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para explicar cómo avanzan las investigaciones, incluso, tras sus dos viajes a Brasil.    

Esta investigación se inició en Ecuador el 21 de diciembre pasado, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara en un informe que Odebrecht pagó sobornos por $ 439 millones en al menos 12 países, entre ellos Ecuador, donde asegura se entregaron $ 33,5 millones desde 2007 hasta 2016 para lograr beneficios equivalentes a unos $ 116 millones.

Explicó que la indagación previa en torno al caso Odebrecht determina la recolección general de información, por lo que al momento hay 5 expedientes abiertos, entre ellos una indagación previa por concusión, una instrucción fiscal por asociación ilícita y una indagación previa por lavado de activos.

El acumulado de todos estos casos son 602 cuerpos procesales, es decir, más de 60.000 documentos.

El Fiscal detalló ayer que, hasta el momento, se han tomado casi 70 versiones, se han realizado 18 allanamientos y hay 8 personas procesadas y con formulación de cargos.

“Hemos solicitado 26 asistencias penales internacionales, se dictaron  2 arrestos domiciliarios, se abrieron otras 2 investigaciones previas y 2 instrucciones fiscales. Existen 16 órdenes judiciales, se realizaron 442 diligencias y actuaciones de investigación y hay 6 personas privadas de la libertad”, dijo.

La Fiscalía ha cursado asistencias penales internacionales a Colombia, Brasil, Estados Unidos, Panamá, Barbados, México, Isla Caimán, Curazao, Uruguay, España, Suiza, Andorra, Holanda, Austria, Hong King, China e Islas Marshall, debido a que  casos como el de Odebrecht, que implica al menos a 12 países, tienen un tratamiento especial en la investigación: se aplica un marco jurídico de cooperación donde se consideran varios acuerdos internacionales para la investigación en delitos transnacionales.

De allí que la Procuraduría de Brasil pidió a Ecuador mantener sigilo en la información para evitar perjuicios en la investigación. Además, existe un marco nacional que debe respetarse en la investigación penal y la información deberá ser sometida a verificación.

Sin embargo, insistió en que no puede dar detalles sobre personas y hechos investigados por la restricción legal, pero que tan pronto puedan hacerlos públicos, su compromiso es no solo transparentarlo ante los ciudadanos, sino informarlo adecuadamente a los demás organismos del Estado.

“Esta información corresponde al ámbito del ejercicio de potestades jurisdiccionales y judiciales que no está sujeto a control político. Quiero aclararlo porque nuestro propósito de transparencia, que es un propósito del país, tiene que entenderse entre lo que se puede y lo que no se puede hacer en el ámbito de independencia de funciones”, puntualizó. Y fue más allá al señalar: “No me estoy refiriendo ni a un proceso ni a una investigación ni a una persona en particular, me estoy refiriendo al mecanismo que hemos encontrado en estas delaciones. Dejen por favor hacer un trabajo técnico para llegar a los corruptos, detenerlos o extraditarlos”.

A su vez, resaltó que el acuerdo con Odebrecht no establece la inmunidad de ninguna persona, si no que la Fiscalía podrá acceder de manera directa a todas las evidencias que fueron producidas en Brasil en torno a las investigaciones.

Baca aseguró que en base a información remitida por el Servicio de Rentas Internas (SRI), cerca de $3 mil millones han sido enviados desde el Ecuador a paraísos fiscales, y parte de ese dinero podría haber salido del entramado de Odebrecht en el país.

Por este motivo anunció que el  martes próximo viajará a Panamá donde tendrá una reunión con la procuradora general Kenia Porcell, “para precisamente abordar cómo procesar adecuadamente toda la información, ya que el 60% de la trama de corrupción llegó, pasó o tuvo como uno de sus puertos de ingreso la República de Panamá”.

Además recalcó que la Contraloría del Estado hasta el momento no ha remitido a Fiscalía ningún informe con indicios de responsabilidad penal sobre los contratos de Odebrecht en el país.   

La titular de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, dijo que toda la información que brindó ayer el Fiscal será parte de las investigaciones sobre el caso. (I)