En la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional, al norte de Quito, bajo la dirección del fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno y con la presencia de los representantes legales de los 18 procesados por el presunto delito de asociación ilícita, en el caso de corrupción de Odebrecht, en el Ecuador, ayer se realizó la extracción de información de los dispositivos enviados por el Departamento de Justicia de EE.UU.

Ambos discos forman parte de la cooperación fiscal que el país norteamericano dio a Ecuador, dentro de este proceso de investigación.

Tras recordar que por mandato legal la diligencia que duró alrededor de dos horas es reservada, Baca Mancheno indicó que se extrajo la información con relación al sistema informático y algunos documentos de la empresa Odebrecht, cuya trama de corrupción fue descubierta por Estados Unidos y Brasil, pero operó en prácticamente toda América Latina.

“La información receptada confirma muchos de los elementos que ya había investigado Fiscalía. Vamos a esperar que se hagan las pericias y que se incorporen al expediente para que puedan formar parte del acervo público. No puedo dar detalles, pero es información relevante sobre las transacciones de la empresa y su forma de operación“, dijo Baca Mancheno a los periodistas.

De igual manera, indicó que los peritos tienen 48 horas para entregar la información de los dos dispositivos, lo que es crucial porque el plazo para la instrucción fiscal vence este domingo. A partir de ese día el fiscal deberá preparar la información recopilada para solicitar al juez de la causa, Miguel Jurado, la convocatoria a audiencia en donde formulará cargos contra los que considere implicados.

César Montúfar, exasambleísta y acusador particular del vicepresidente, señaló que los datos enviados por Estados Unidos cierran un ciclo de información que permitirá conformar los indicios ya planteados.

“Es información determinante sobre los testimonios que se han dicho, la información es nueva y hay que analizarla en profundidad”, dijo el dirigente del movimiento Concertación.

Mientras tanto el abogado del vicepresidente Jorge Glas, Eduardo Franco, a la salida de la audiencia, prefirió no dar declaraciones a los medios, mientras que Aníbal Quinde, abogado de Ricardo R., señaló que toda la información recibida ayer deberá ser valorada y debidamente comprobada. (I)