Casos como el denominado ‘la venta de la Bandera’, ocurrido en 1895, constan entre las reseñas históricas digitales de la Gaceta que se publican cada trimestre en la página de internet de la Función Judicial (www.funcionjudicial.gob.ec).

En aquel tiempo China y Japón estaban en guerra y los japoneses querían comprar armas a Chile, pero este tercer país se declaró neutral no podía negociar con ningún bando, por ello el Gobierno chileno acordó con el de Ecuador la venta de un barco para transportar las armas.

El navío viajó hasta Japón con la bandera de Ecuador, eso llamó la atención de muchos. El hecho fue denunciado por Juan Murillo, fundador de diario El Telégrafo en 1884, quien estaba exiliado en Chile por razones políticas.

Las acusaciones cayeron en contra del presidente del Ecuador, Luis Cordero Crespo, quien no estaba ni enterado del tema ni involucrado en la “venta” del símbolo patrio, sin embargo, tuvo que renunciar a su cargo.

No obstante, en 1898, en el gobierno de Eloy Alfaro, se determinó la inocencia de Cordero y apareció como principal implicado el entonces gobernador de Guayaquil, José María Plácido Caamaño, y otros funcionarios.

El actual presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Julio Aguayo Urguilés, explicó que en aquella ocasión se utilizó el emblema para posibilitar una negociación entre terceros, lo que significó el descrédito internacional. “Fue algo demasiado grave, hay gente que ha muerto por defender nuestra Bandera (...) los responsables permitieron que se la use para lograr una venta durante un conflicto en el que Ecuador no tenía nada que ver”, dijo Aguayo.

Agregó que hoy en día las leyes contemplan sanciones para quienes atenten contra la seguridad interna y externa del país. “Por ejemplo, cuando se permite que se utilice la Bandera para ocultar soldados u otras fuerzas, o se compromete gravemente la imagen del Estado, eso se sanciona por nuestra legislación”.

Sobre la importancia de los textos recopilados, Aguayo expresó que sirven para conocer el pensamiento jurídico de épocas pasadas y comparar con la actual administración de justicia, pues antes las leyes permitían castigos físicos y humillaciones (penas infamantes), pero hoy se buscan medidas para que los infractores se reinserten a la sociedad dentro de un justo equilibrio.

Gustavo Salazar, encargado del proyecto, informó que existen 1.198 números de la Gaceta que abarcan 118 (desde 1985 hasta 2013) años de publicación y todas pasan por el proceso de digitalización para colgarlos en la red.

La colección contiene 60.000 páginas que al momento cruzan por una etapa de revisión a cargo de un equipo de especialistas que las clasifican por materias (penal, civil, laboral). “Nuestra meta final es que la publicación sirva como una herramienta de consulta para los abogados o cualquier persona que acceda a esta información histórica”, mencionó Salazar, y explicó que estos especiales no interfieren con las ediciones regulares.

La tercera reseña está lista para la divulgación, esta contiene opiniones de profesionales que ejercen en la actualidad, datos bibliográficos, curiosidades y un duplicado del documento original.

En la segunda entrega la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Maritza Pérez, manifestó que por la Gaceta desarrolló sus destrezas y habilidades gracias al estudio de la jurisprudencia histórica, por ello considera muy valioso que a estos textos se acerquen la ciudadanía y los operadores de justicia.