Un 45% de los pagos por concepto de contratos del Gobierno anterior se habrían realizado a través de facturas falsas, asegura Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.

Esta entidad analizó los últimos cinco años de la administración anterior, en donde, según Rodríguez, se produjo una evasión tributaria de $3.700 millones. “Eso representa una cantidad bastante significativa”, asegura el coordinador de esa entidad.

Actualmente, la Comisión Anticorrupción prepara un informe y una denuncia formal que entregarán en los próximos días al Servicio de Rentas Internas (SRI). Esperan que esta entidad formule  las acciones penales pertinentes por el delito de evasión tributaria.

A criterio de Rodríguez, no solamente se debe analizar  las empresas fantasmas que emitieron facturas falsas, sino también a las entidades del Gobierno central y seccional “que han sacado dinero por esa forma”.

Reformas de la UAFE
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) analizaría reformas a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

En los cambios se incluiría a nuevos sectores como Personas Expuestas Políticamente (PEP), entre ellas estarían los representantes legales de las compañías o empresas proveedoras del Estado y los candidatos a dignidades públicas.

Además de los ciudadanos que presentan un perfil de riesgo elevado y los presidentes de gremios deportivos.

Sin embargo, esta inclusión aún está en análisis y, según la UAFE, los cambios contendrían modificaciones sustanciales en la lista de los PEP que ahora pertenecen a un rango determinado. La intención sería ampliar la cobertura para hacer un análisis de las funciones que desarrollan y más perfiles que pueden tener incidencia en el manejo de fondos públicos.

La UAFE define a las PEP como aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en el extranjero hasta un año después de haber culminado el cargo que originó tal calidad. Ahora, la entidad contabiliza 40.699 PEP, entre ellos están los representantes de los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, entre otras.

Ampliación de atribuciones
Xavier Zavala Egas, quien fue parte del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, cree que ampliar las atribuciones de la UAFE sería un aporte para combatir la corrupción.  

Recordó que el lavado no es más que legalizar “dineros mal habidos, y hay millón de formas de hacerlo. Existen  entes, organismos y compañías que se prestan para eso”.

Calificó a los proveedores del Estado como un sector “muy importante, porque por allí circula dinero que va a los bolsillos o a las alforjas de los funcionarios públicos”.

Sin embargo cree que hay entidades privadas que facilitan el tema del lavado, por ejemplo, áreas de la construcción y casinos.

En cuanto a los gremios deportivos, Zavala señaló que “jurídicamente son fundaciones y asociaciones que no tienen auditorías bien llevadas hacia el interior”. En 2017, por ejemplo, el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga, y otros funcionarios de esa organización, fueron  sentenciados a 10 años por el delito de lavado de activos.

Sobre la tentativa de la UAFE de incluir a los candidatos a dignidades públicas, Rodríguez señala que debería ser un requisito “obligatorio”, pues considera que algunos candidatos tienen procederes incorrectos con el uso y destino de los fondos públicos de las campañas.

Lucha contra la corrupción
El jueves, en Quito, se realizó el foro La lucha contra la corrupción, mecanismos, acciones y experiencias en el sector público y privado.

Silvana Vallejo, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), contó en ese encuentro que cuando ingresó en septiembre de 2017 halló una institución sin datos y “que algunos procesos que rompían la ley eran catalogados como derechos adquiridos como una obligación de la institución pública”.

Además detalló que contaban con un sistema tecnológico que no estaba de acuerdo a la normativa y en donde los procesos no estaban escritos.

Por ello se crearon procesos, protocolos, metodologías, para “generar transparencia como principio transversal”. Actualmente, la Sercop trabaja con la Contraloría para homologar criterios y con la Fiscalía, “para la detección de los delitos de cuello blanco en la administración pública”.

En marzo y abril, la Sercop espera obtener el ISO 37001 de  Sistemas de Gestión Antisoborno. (I)