Ecuador tendrá que sustentar y demostrar firmemente que María de los Ángeles Duarte no es una perseguida política, sino una persona que tiene una cuenta pendiente con la justicia.

Esa fue la conclusión de expertos que analizaron la situación de la exministra de Obras Públicas y Transporte, quien tiene una sentencia de primera y segunda instancia por el caso de corrupción Sobornos 2012-2016.

A través de un comunicado, el pasado jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la exministra se encuentra en la embajada de Argentina en Quito.

El documento detalló que el miércoles 12 de agosto, la Cancillería tuvo conocimiento de que la exfuncionaria durante el régimen de Rafael Correa, pidió su ingreso a la legación argentina. El pedido fue confirmado por el encargado de negocios de ese país.

Esta situación generó rechazo por parte del Gobierno de Ecuador. En el comunicado se recordó que Duarte fue condenada por delito prescrito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que es considerado un delito común.

Luis Córdova, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Central, aclaró que es un legítimo derecho de los ciudadanos de cualquier república, pedir o solicitar protección a un Estado cuando consideran que son objeto de alguna violación o proceso injusto en sus derechos.

Desde ese punto de vista, dijo, lo que hizo Duarte sería legítimo. No obstante, lo que hay que analizar es bajo qué criterios ese país evaluó la solicitud de protección.

"El Estado argentino debería considerar que la causa por la cual ha sido procesada y ya sentenciada no es fruto de una persecución política, sino de una investigación con todos los estándares que se han requerido", expresó.

El Gobierno ecuatoriano informó a esa Embajada que Duarte fue procesada y sentenciada en una diligencia con todas las garantías, por lo que no le corresponde la calificación de perseguida política.

El catedrático explicó que la exministra, al ser "una rea de la justicia ecuatoriana" y encontrarse dentro de una misión diplomática espera alcanzar algún estatus jurídico migratorio.

En este caso, explicó Córdova, la Cancillería hará bien con enviar a la Embajada toda la documentación referente al proceso judicial por el cual ahora está siendo sentenciada. "Si esa causa no tiene ningún problema en cuanto al debido proceso, yo no dudo que Argentina negará la protección diplomática", señaló.

Pero si el Estado argentino observa que en el procesamiento judicial hay violaciones o vulneración a los derechos fundamentales, podría darle la protección política y diplomática, explicó. 

En el caso Sobornos, Fiscalía señaló que Duarte, cuando se desempeñó como ministra de Transporte, formó parte de la estructura que recaudó dinero privado a cambio de contratos con el Estado.

No obstante, ella al igual que otros 19 sentenciados, -incluyendo al expresidente Rafael Correa- presentó el recurso de casación, última instancia antes de que la sentencia se ejecute.

Sobre este punto, Esteban Santos, experto en Análisis Internacional, reconoció que habrá que esperar hasta conocer qué se resuelve en la casación.

El experto añadió que cada país es libre y soberano de poder determinar un asilo político o de recibir a una persona en una embajada. No obstante, si es que la casación ratifica la condena contra Duarte y el resto de procesados, "el gobierno argentino debería respetar ese fallo", señaló. (I)