Los representantes de la Mesa de Verdad y Justicia dieron su primer paso para alcanzar una reparación ante la destitución de sus cargos.

Sus integrantes presentaron un oficio dirigido a María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), para exigir que los servidores destituidos por error inexcusable y manifiesta negligencia sean reincorporados en las funciones que ellos cumplían.

En el oficio, con fecha 25 de agosto, se adjuntaron los nombres, apellidos, el cargo, así como la fecha en la que fueron destituidos 208 funcionarios. Para la presentación del documento estuvieron presentes Nancy Redrobán, Raúl Chimarro, Carlos Garavi, María Sol Andrade, Manuel Rosero y otros.

Con esta diligencia se espera una respuesta inmediata y una reintegración a los cargos, indicó Beatriz Cadena, presidenta de la Mesa Verdad y Justicia de exjudiciales perseguidos.

El oficio se presentó luego de que la Corte Constitucional (CC) emitiera la sentencia N°3-19-CN/20, con la cual se dispuso que para el CJ pueda sancionar o destituir a un juez, fiscal o defensor público, que haya incurrido en una falta disciplinaria (establecida en el artículo 109, numeral 7 del Código de la Función Judicial), tendrá que contar con la resolución de un juez que establezca que el funcionario si cometió dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable.

Con esa base legal, la Mesa de Verdad y Justicia, espera que por fin se alcance la reparación a los funcionarios judiciales que fueron destituidos injustamente.

La Mesa se creó a través de la resolución 094A-2019 del Consejo de la Judicatura (CJ), con fecha 31 de octubre de 2018, pero entró en funciones formales el 8 de noviembre de 2018.

Fue creada para conocer los casos de exservidores destituidos por el CJ, enfocándose en la figura de error inexcusable y cualquier otra figura aplicada desde 2007 en adelante. Estas faltas están contempladas en el Código Orgánico de la Función Judicial y habla sobre la destitución, por infracciones disciplinarias como negligencia o error inexcusable.

#BOLETÍN | Postura del Consejo de la Judicatura frente a la sentencia emitida por la Corte Constitucional. Más información en: https://t.co/vfoeZuZzfZ pic.twitter.com/1Oq38ELr2Z

— Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) August 24, 2020

La organización recibió alrededor de 800 denuncias, las cuales fueron analizadas y al final se validaron 565 quejas desde 2009 hasta 2018. Cadena señaló que la mayoría de casos se registraron durante las administraciones de Paulo Rodríguez y Gustavo Jalkh, extitulares del CJ durante el régimen del expresidente Correa.

La presidenta de la Mesa señaló que no solo se trata de un tema de indemnización, sino también de que se reconozca la labor de funcionarios honestos.

Advirtió que es obligación del CJ cumplir inmediatamente la orden, sobre todo porque "el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que los dictámenes y resoluciones dispuestos por la Corte Constitucional son de obligatorio y de inmediato cumplimiento", expresó.

Manuel Rosero, secretario de la Mesa, añadió que la sentencia marcó un hito en el sentido de que se garantiza la independencia judicial. "Así ya no vamos a tener jueces temerosos de dictar sentencias por el miedo de que el CJ de oficio le siga los sumarios administrativos", expresó.

Observaciones del Consejo de la Judicatura

María del Carmen Maldonado, presidente del CJ, en declaraciones a la prensa, señaló que si bien la sentencia del CC es de inmediato cumplimiento, la sentencia "afecta el derecho de la ciudadanía a presentar denuncias contra los operadores de justicia que incurran en faltas disciplinarias".

Añadió que es deber de la institución advertir las consecuencias del fallo, no solo para el servicio de justicia, sino para la ciudadanía.

Aseguró que más de $ 200 millones requeriría el CJ para indemnizar a más de 800 exservidores funcionales, entre jueces, fiscales defensores públicos. Estimó que por cada reparación se requieren alrededor de $ 250.000 cada uno.

Ante esta postura, Cadena señaló que en este caso se puede ejercer el derecho de repetición que señala la Constitución. Es decir que la persona que cometió el error o perjuicio debe indemnizar a los perjudicados. Esto, dijo, alude directamente a Paulo Rodríguez y Gustavo Jalkh, expresidentes del Consejo de la Judicatura, quienes fueron responsables de la destitución de un gran número de servidores judiciales. (I)