María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), manifestó su preocupación sobre la sentencia N° 3-19-CN/20 emitida por la Corte Constitucional (CC).

A través del dictamen conocido el 23 de agosto, el Pleno de la CC dispuso que para que el CJ pueda sancionar o destituir a un juez, fiscal o defensor público, que haya incurrido en una falta disciplinaria (establecida en el artículo 109, numeral 7 del Código de la Función Judicial), tendrá que contar con la resolución de un juez que establezca que el funcionario si cometió dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable.

En la administración de Maldonado, el CJ sustanció y sancionó 57 infracciones por manifiesta negligencia.

En rueda de prensa, la titular del CJ expresó su preocupación ante el fallo del organismo constitucional. Aseguró que al limitar el inicio de los procedimientos administrativos, disciplinarios, por manifiesta negligencia o dolo, la sentencia no solo afecta a una potestad constitucional y legal del CJ, sino al derecho de los ciudadanos de dirigir denuncias y quejas.

La Corte Constitucional dispuso además que la sentencia tenga efectos retroactivos que hayan presentado una acción de protección u otra garantía constitucional, luego de haber sido destituido algún servidor. Esto deja abierta la posibilidad de que dichos funcionarios puedan recuperar sus puestos de trabajo.

#AHORA | Inicia rueda de prensa para informar al país la posición del Consejo de la Judicatura, respecto de la sentencia No.3-19-CN/20 de la Corte Constitucional. Siga la transmisión en: https://t.co/VduAQh4Tu1 pic.twitter.com/dbc7IEggdC

— Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) August 24, 2020

En ese sentido, la presidenta Maldonado añadió su preocupación por los efectos retroactivos de la sentencia en los procesos judiciales, contencioso, administrativo o de garantías jurisdiccionales, propuesta por operadores de justicia en contra de actos administrativos sancionados con destitución por parte del Pleno.

Ese criterio fue compartido por Fausto Murillo, vocal del CJ, quien reiteró que es respetuoso de la independencia judicial y el debido proceso.

No obstante, añadió que con la sentencia de la CC, más de 3.000 expedientes disciplinarios tendrán que esperar el pronunciamiento de instancias jurisdiccionales superiores.

Maldonado añadió que ese no es el único inconveniente que se presentará a partir de la sentencia de la CC. Añadió que la Judicatura no dispone de recursos suficientes para procesos con efectos retroactivos.

Explicó que la sentencia, en algunos de los casos, puede contemplar indemnizaciones, que significarán para el Estado, cientos de miles de dólares que no pueden salir de la Judicatura, porque se cuenta con un presupuesto ínfimo que sigue sufriendo recortes. "¿Quién va a asumir esas indemnizaciones, esas reparaciones?", expresó la presidenta. (I)