Un exhorto a que cese inmediatamente la actividad minera ilegal y legal en la zona norte de Esmeraldas, la inmediata remediación ambiental y el respeto a las medidas cautelares interpuestas para proteger el medio ambientes, formuló la Red Nacional de Pastoral Ecológica (Renape).

El pedido se efectúa luego de que el pasado miércoles un deslizamiento de tierra ocurrido en el recinto Los Ajos, del cantón San Lorenzo (Esmeraldas) provocó la muerte de cinco personas, en un lugar donde se realizaban actividades mineras de manera irregular.

Según el comunicado, la Renape expresó su dolor y solidaridad con las familias afectadas y "pide a las autoridades competentes velar por la salud de los heridos y una investigación exhaustiva para determinar la causa de estas lamentables muertes ocasionadas por la irresponsable actividad minería".

Añadió que los hechos sucedidos son muy graves, más aún, cuando existen medidas cautelares vigentes desde el año 2011 y ampliadas en el año 2018, que prohíben toda actividad minera en la zona norte de Esmeraldas, sea ésta legal o ilegal.

Lamentablemente como el “papel aguanta todo”, sostiene la red, los hechos recientes han demostrado ante la opinión pública local, nacional e internacional que las actividades mineras siguen actuando con impunidad.

Incluso sostuvo que los comuneros de la zona manifiestan que la prohibición no se acata, y en épocas de pandemia covid-19, las actividades mineras se desarrollaron con mayor agresividad e intensidad y muchas veces con la complicidad de las autoridades que deben controlar.

Los integrantes de la Red, encabezada por el obispo de Esmeraldas, Mons. Eugenio Arellano; la directora de Cáritas Esmeraldas, Isabel Padilla; el coordinador de Renape, Enry Armijos, entre otros,  incluso aseguran que los moradores del sector no denuncian abiertamente los destrozos ambientales por el temor a represalias en contra de sus vidas y las vidas de sus familiares.

De allí que en el comunicado, la Red demanda un alto más presencia del Estado en la zona norte de Esmeraldas y mayor vigilancia sobre las actividades que, aseguraron, atentan contra los derechos de la naturaleza, los derechos humanos y constitucionales.

También insisten que cese inmediatamente la actividad minera ilegal y legal que está contaminando todas las fuentes hídricas, deteriorando los ríos deteriorando y ecosistemas, fauna, y principalmente afectando la salud de los pobladores quienes aún utilizan sus aguas para sus actividades domésticas y recreativas y vulnerando los derechos de la naturaleza y los derechos humanos de los pobladores de la zona.

Exhortan a las autoridades de control, como Arcom Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, GAD Provincial, Fiscalía General del Estado, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Función Judicial, y la Corte Constitucional pongan “mano dura” a esta actividad y realicen trabajos permanentes de control.

Exigen al estado ecuatoriano e instituciones de control, la inmediata remediación ambiental por los daños causados por la actividad minera legal e ilegal y la reparación social a los pobladores de la zona por todos los daños causados a la salud.

Finalmente, que se respeten las medidas cautelares y se realicen operativos estratégicos aéreos permanentes, para que la zona esté libre de minería contaminante.

"Reiteramos que la actividad minera que se desarrolla en la zona norte de Esmeraldas, es completamente ilegal, inclusive de empresas mineras que poseen permisos de operación otorgados y avalados por la Arcom y el Ministerio de Minería, debido a que existen medidas cautelares vigentes que protegen el derecho al acceso al agua de calidad, el derecho al acceso a la salud, el derecho a vivir en un ambiente sano, y el derecho a la alimentación de 90 comunidades de la zona norte de Esmeraldas, dictadas por el juzgado multicompetente de San Lorenzo en 2011, ampliadas en 2018", sostiene la Red en el comunicado. (I)