La Procuraduría General del Estado se convierte en parte procesal en el juicio penal que por el presunto delito de asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht se sigue en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en contra de 18 procesados, entre ellos Jorge G., Ricardo R., y  Carlos P.

Alrededor de las 13:00 de ayer, Carlos Jurado, en representación del procurador general del Estado, Diego García, entregó en la Secretaría de la Sala Penal de la CNJ un escrito con la acusación particular contra los 18 procesados, convirtiéndose así junto con la Fiscalía y el exasambleísta César Montúfar, en la parte acusadora.

De acuerdo con la Constitución de la República, son atribuciones de la Procuraduría la representación judicial del Estado y el control de “los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público”, por lo que al haber recursos del Estado de por medio decidió intervenir. Ayer trascendió que Petroecuador también analizaría la posibilidad de sumarse con su acusación particular.

Ricardo R. niega todo

A cuatro días de que termine la instrucción fiscal, el principal implicado en el proceso por el presunto delito de asociación ilícita, Ricardo R., rompió el silencio y negó todo lo afirmado el día anterior por el exdirectivo de la constructora brasileña, José Conceição Santos.

Ricardo R., quien anteriormente se había acogido al silencio, ayer acudió a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión libre y voluntaria sobre el caso y se tomó dos horas para hacer su exposición ante el fiscal Wilson Toainga.

En esta oportunidad el procesado desmintió las afirmaciones del delator de la constructora brasileña, José Conceição Santos, de que le habría entregado coimas por alrededor de $ 16 millones.         

Dijo que nunca recibió dinero alguno del exfuncionario de Odebrecht y que no conoce a ninguno de los otros 17 procesados en este presunto delito, salvo a  Jorge G.

“Las declaraciones del señor Ricardo R. han ido en torno a descartar las declaraciones que hizo el señor José Conceição Santos; no ha sido una versión en la que haya aportado datos nuevos; ha rechazado las afirmaciones sobre sus actuaciones dentro de las imputaciones que se le ha formulado”, dijo Víctor Velasteguí, abogado de uno de los procesados, quien asistió a la diligencia.

Esta versión fue ratificada por Eduardo Franco Loor, abogado de Jorge G., quien señaló que Ricardo R. ha dejado en claro que en ningún momento se ha asociado con su tío, “que jamás ha recibido alguna transferencia a través de la empresa Glory, que nunca ha recibido dinero en efectivo y que ha sido falso lo dicho por Santos en el testimonio anticipado”.

La defensa de Ricardo R., Aníbal Quinde, a nombre de su cliente, rechazó lo que llamó las mentiras del delator Santos. “La defensa se acoge estrictamente a lo dicho desde el inicio por la Fiscalía”.

“El fiscal Baca siempre ha dicho que la delación es una pista a seguir, que tiene que materializarse en hechos, documentos. Hasta ahora no existe ningún elemento que justifique una relación directa del señor Ricardo R. con los elementos de la asociación ilícita que se investiga; por ejemplo, se lo pretende involucrar con una empresa llamada Glory y no tiene ningún tipo de relación en actos ilícitos con esa compañía. La Fiscalía no tiene elementos”, dijo el abogado.

“Santos es un corrupto confeso”

Jorge G., procesado  en el caso de asociación ilícita, afirmó que no hay una sola prueba en su contra y tildó a Santos de “corrupto confeso” y “amoral”.

Tras señalar que el delator brasileño tiene más de mil millones de razones para odiarle, indicó que “hasta ahora ni él (Santos) ha sido capaz de decir que me ha dado un centavo partido por la mitad”.  

Reiteró que la actitud del exejecutivo guarda relación con su participación en la expulsión de Ecuador de la empresa brasileña a causa de irregularidades, las que posteriormente Odebrecht resarció, lo cual le permitió volver al país.  

Señaló que tras la apertura de la información enviada desde Estados Unidos, sus abogados le informaron que se ratifica lo que para él “siempre fue evidente”. “Yo no tengo una cuenta, un activo en el exterior, no tengo más patrimonio que el que está en mi declaración juramentada, no hay un centavo mal habido en el patrimonio de Jorge G.”.

“Ya se acaba el período de la instrucción fiscal y no hay una sola prueba en mi contra y no la van a encontrar porque no he cometido ilícito alguno”, aseveró. (I)

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Legisladores de PAIS cierran filas a favor de Glas

Un respaldo para el vicepresidente Jorge Glas y un exhorto a la Fiscalía General del Estado, para que se actúe “apegados a los derechos, normas y leyes”, manifestaron  ayer 11 asambleístas del bloque legislativo de Alianza PAIS.

Los legisladores se pronunciaron de esta forma ante las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía, en los casos de corrupción de la transnacional brasileña Odebrecht y después del testimonio del delator de la empresa José Conceição Santos, en contra del Segundo Mandatario.

La asambleísta Sofía Espín anunció que se está propagando un linchamiento mediático “que en su momento será analizado y sometido a la justicia”. Esto, debido a que medios de comunicación impresos informaron sobre las divulgaciones que efectuó un día antes Santos en su comparecencia.

“Los ecuatorianos queremos que al final del día brille la verdad, se sepa quiénes han sido parte de este cometimiento de actos ilícitos y se establezcan las sanciones que correspondan”, dijo la asambleísta Marcela Aguiñaga (foto) y pidió a actores políticos que dejen operar a la justicia.

“Basta de shows mediáticos, de opiniones. Le corresponde a la Fiscalía romper el principio de inocencia que tiene todo ciudadano, incluido nuestro segundo mandatario, Jorge Glas”, enfatizó la asambleísta.

“El vicepresidente Jorge Glas ha sido el único ciudadano a quien se lo ha sentenciado a través de los titulares”, resaltó Soledad Buendía, y agregó que no se le ha permitido el derecho a la defensa.

“No creemos posible que esto sirva como plataforma política para los perdedores o para los candidatos a asambleístas que no ganaron en las elecciones”, enfatizó Aguiñaga.     

Por su parte, el asambleísta Jorge Cárdenas rechazó las declaraciones de José Conceição Santos. “El escándalo se creó por un pendrive que es imposible contrastar porque quien lo entregó, ‘oh sorpresa’, botó en la basura el equipo de donde copió la información”. (I)

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Hermetismo en Vicepresidencia por tema laboral

Aunque no han confirmado oficialmente,  funcionarios de la Vicepresidencia indicaron que los despidos en esta dependencia se iniciaron.

Raúl Ledesma, ministro de Trabajo, informó que en la Vicepresidencia se desarrolla actualmente la “desvinculación normal” con relación a las vacantes no ocupadas.

“No hay ningún tipo de despido ni nada que se le parezca”, dijo. Denunció una “campaña que trata de ver que hay algo dirigido a Vicepresidencia y de ninguna manera es así”.

Ese proceso se enmarca -dijo-  en el cumplimiento del decreto de austeridad, que establece un proceso de desvinculación en todos los ministerios y secretarías en los que el documento tiene  competencia.

“De 52 instituciones que ya nos enviaron (el informe), por ejemplo, las vacantes que van a ser eliminadas son más de 1.100. Son vacantes que no están ocupadas en el sector público. Aún faltan instituciones que deben enviar (sus informes)”.

Aclaró que el proceso de eliminación de vacantes es “normal” en todas las instituciones y espera superar las 1.100. Aunque no dio cifras sobre el ahorro que tendría el país con dicha medida, afirmó que “todo dólar suma para cubrir el déficit presupuestario”.

Un medio radial difundió en redes sociales que hoy se despedirá a los funcionarios de Vicepresidencia. (I)