Hasta el momento 25 parroquias, de 20 cantones, en 16 provincias, participan formalmente en un programa de mediación impulsado por el Consejo de la Judicatura (CJ), que tiene como fin el nombramiento de jueces de paz.

Una de estas poblaciones es El Morro, en Guayas, donde el 5 de junio 70 comuneros representativos entregaron una carta para solicitar el proceso de selección de esta figura. La Constitución (artículo 189) y el Código Orgánico de la Función Judicial (247 y 252) ordenan el acceso rápido y efectivo a los servicios de justicia.

Mario Dután, coordinador de Justicia y Cultura de Paz, detalló que estos mediadores resolverán en equidad conflictos individuales, vecinales, comunitarios y contravenciones (no en materia penal) dentro de su jurisdicción empleando mecanismos de conciliación, de acuerdo con criterios de justicia y propios de la parroquia.

El juez de paz no necesita ser profesional, es suficiente tener más de 18 años y por lo menos haber terminado la primaria; pero sí es indispensable contar con la confianza absoluta de los pobladores y tener su domicilio permanente en el lugar de su competencia.

Sobre la elección, Dután informó que será la propia comunidad la que proclame o remueva a su representante; no obstante, de este proceso sí es responsable el Consejo de la Judicatura.

El elegido cumplirá con un voluntariado, es decir, no recibirá remuneración, pero sí las herramientas necesarias y constante capacitación para ejercer sus funciones.

En El Morro pasan por una etapa de socialización a cargo de Rocío Cárdenas, promotora de paz. Ella explicó con lujo de detalles el funcionamiento de este sistema de mediación semanas antes de que los moradores firmen la solicitud, y continuará con el procedimiento hasta que se designe al juez.

Cárdenas indicó que cada parroquia participará en 5 sesiones aproximadamente, en otras podrían ser más, o menos, eso dependerá de la dinámica con la que se trabaje.

Jaime Aragonés, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de El Morro (contiene 6 recintos), opinó que contar con esta figura beneficiará a sus 6.500 habitantes, pues se resolverán de forma rápida y efectiva situaciones que por falta de atención podrían pasar a mayores. “Hemos tenido 4 reuniones previas, no todos los moradores pudieron asistir por cuestión de espacio, pero los presentes después replicaron lo que aprendieron”, comentó Aragonés.

Otros beneficios previstos

Dután manifestó que cuando los jueces de paz entren en funciones, reducirá la carga procesal en las cortes provinciales, pues si las diferencias se resuelven en la misma comunidad, habrá menos causas pendientes en las judicaturas. Asimismo, servirá como un sistema para prevenir que hechos domésticos pasen a mayores y se transformen en delitos.

También dijo que el programa de mediación tiene previsto formar 50 jueces a nivel nacional en este año; sin embargo, aclaró que no se trata de una imposición, pues el Consejo de la Judicatura informa y motiva a los comuneros, pero ellos deciden si solicitan la preparación de esta figura. “Nosotros socializamos la idea y si ellos creen conveniente hacen la solicitud y entonces los formamos para que entre ellos mismos seleccionen al juez de paz”.